Las lluvias torrenciales de los últimos días y las sequías cada vez más frecuentes han convertido la gestión del agua en España en un reto urgente. De cara al próximo Gobierno central, expertos del ámbito técnico y organizaciones ecologistas han planteado un paquete de medidas que va desde un pacto de Estado del agua y más obra hidráulica hasta un control mucho más estricto del regadío intensivo y de los pozos ilegales.
Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, las propuestas se han centrado en un gran acuerdo nacional con visión a largo plazo. El objetivo es que la política hidráulica no dependa de los ciclos electorales ni de la alternancia de partidos en el poder.
Las organizaciones ecologistas, por su parte, han puesto el foco en el impacto de los regadíos industriales, los campos de golf y las captaciones ilegales. Reclaman que la prioridad sea garantizar agua a la población y proteger unos ecosistemas sometidos a un creciente estrés hídrico.
Un pacto de Estado y más obra hidráulica
El Colegio de Ingenieros de Caminos ha reclamado al próximo Ejecutivo un pacto de Estado por el agua que marque una planificación mínima a diez años. Esa hoja de ruta debería identificar las actuaciones necesarias y asegurar una financiación estable, combinando fondos públicos nacionales, recursos europeos y, cuando sea viable, colaboración público-privada.
Según esta entidad, ese gran acuerdo tendría que blindar la ejecución de las obras estratégicas aunque cambie el Gobierno. De esta forma se evitarían parones y bandazos que, a su juicio, han lastrado durante años la política hidráulica española.
Los ingenieros han defendido también la aprobación de un nuevo plan hidrológico nacional. Este texto debería coordinar los planes de cuenca con los de sequías e inundaciones y fijar prioridades claras. Además, han pedido acelerar la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento y completar las actuaciones pendientes en depuración.
Otra de sus reivindicaciones clave ha sido la aprobación de una ley específica de presas. Plantean que vaya acompañada de un programa estable de conservación incluido en los Presupuestos Generales del Estado, con partidas anuales garantizadas.
En este punto, han subrayado que el parque de presas español tiene ya una edad avanzada en comparación con otros países europeos. Han advertido de que un posible deterioro estructural y un desfase tecnológico pueden aumentar los riesgos si no se actúa con tiempo.
Desde el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, su director, Alberto Garrido, se ha mostrado también partidario de un pacto de Estado por el agua. Ha recordado que a las sequías tradicionales se ha sumado un escenario de menores recursos hídricos disponibles.
Según ha explicado, este nuevo contexto exige una respuesta conjunta y coordinada que deje atrás los intereses particulares de cada territorio o sector. En su opinión, España debe prepararse para unas condiciones diferentes en las próximas décadas.
Garrido ha citado proyecciones del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Estos estudios apuntan a que las aportaciones medias a los ríos podrían reducirse entre un 11 % y un 14 % en el periodo 2040-2070, según el escenario climático.
En cuanto a los usos agrarios, el director del Observatorio ha recordado que representan alrededor del 75 % de la demanda de agua del país. Ha advertido de que el cambio climático puede dificultar cada vez más cubrir las necesidades del sector agrícola si no se actúa.
Entre las medidas prioritarias, ha propuesto reducir las pérdidas en las redes de distribución y ajustar los riegos a las necesidades reales de los cultivos. También ha pedido estudiar con detalle el papel del agua regenerada o desalada en aquellas zonas donde las fuentes tradicionales resulten insuficientes.
Reforma de la ley y control del regadío intensivo
Los grupos ecologistas han planteado un enfoque más centrado en la reducción del consumo y la protección de ríos y acuíferos. Defienden que la próxima legislatura debe servir para adaptar la ley de Aguas a los nuevos escenarios climáticos.
Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, ha señalado que, pese al avance del cambio climático, el consumo de agua no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado. A su juicio, es necesario poner mucho más énfasis en priorizar los usos sociales del recurso.
Según los datos que maneja Greenpeace, alrededor del 80 % del agua se destina a regadíos intensivos e industriales. Barea ha denunciado que estas explotaciones están, en sus palabras, ‘esquilmando el reparto justo y sostenible’ y ‘aniquilando a los pequeños agricultores familiares, sostenibles, que fijan territorio’.
El portavoz ecologista ha defendido que el suministro debe priorizar a las personas vulnerables. En cambio, propone gravar fuertemente el exceso de consumo ligado a campos de golf, grandes industrias o centros de datos.
Barea ha reclamado también intensificar las políticas de eficiencia y reutilización de aguas, mejorar el saneamiento en pequeñas poblaciones y recuperar los acuíferos sobreexplotados. Ha insistido en la necesidad de clausurar los pozos ilegales para evitar que se agrave la escasez.
La coordinadora de Ecologistas en Acción, Érika González, ha pedido por su parte erradicar las dotaciones de agua a regadíos industriales que, según ha denunciado, ‘están sobreexplotando de manera muy grave todos los ecosistemas hídricos’.
González se ha mostrado escéptica ante la idea de un pacto de Estado por el agua. Ha afirmado que, cuando se ha planteado algo similar en el pasado, ‘ha sido para mal, para incrementar la sobreexplotación de los ecosistemas, de los acuíferos, de los ríos, de los humedales’.
Respecto a los planes hidrológicos de cuenca, la portavoz de Ecologistas en Acción ha considerado que los caudales ecológicos fijados son ‘totalmente insuficientes’. A su juicio, se deberían ‘revisar al alza para que se acerquen todo lo posible a su caudal natural’.
En conjunto, las propuestas técnicas y ecologistas coinciden en que el próximo Gobierno tendrá que tomar decisiones de calado. El reto será equilibrar la seguridad hídrica para la población y la economía con la conservación de unos recursos cada vez más limitados.
