La Generalitat ha defendido en Bruselas que la futura Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 garantice la viabilidad del campo valenciano, mantenga las ayudas actuales a los sectores productivos, reduzca la carga burocrática y mejore la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de Política Agraria Común (PAC), Ángel Marhuenda, han trasladado estas demandas a distintas instituciones comunitarias durante una agenda de trabajo en la capital belga.
Reivindicaciones ante la Comisión Europea
Ambos responsables han mantenido reuniones con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). Además, han participado en encuentros del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH).
Durante estos contactos, los representantes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca han defendido que la próxima PAC debe seguir apoyando a los sectores productivos. También han reclamado menos trámites administrativos y medidas efectivas para mejorar los ingresos de agricultores y ganaderos.
En la reunión con la jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, María Gafo, han insistido en que la PAC 2028-2034 debe tener en cuenta las particularidades de la estructura productiva valenciana.
Según han trasladado, la diversidad de cultivos, el peso de las pequeñas explotaciones y la gran presencia de cooperativas exigen reglas adaptadas a esta realidad. Además, han subrayado la importancia de garantizar un respaldo estable a agricultores y ganaderos para evitar el abandono de tierras.
Riesgo de abandono y falta de relevo generacional
En las reuniones se ha abordado el riesgo creciente de abandono de la actividad agraria y las dificultades de los jóvenes para incorporarse al campo. Los directores generales han señalado que estos son dos de los principales desafíos para asegurar el relevo generacional en la agricultura valenciana.
Han advertido de que la falta de rentabilidad, la complejidad normativa y la inversión inicial necesaria frenan la entrada de nuevos profesionales. Por ello consideran imprescindible que la futura PAC incluya incentivos específicos para la incorporación de jóvenes y apoye las explotaciones de menor tamaño.
Otro de los asuntos centrales ha sido la defensa del actual sistema de financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH).
La Generalitat rechaza la propuesta de introducir cofinanciación nacional en estas ayudas, que ahora se sufragan íntegramente con fondos comunitarios a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
Ernesto Fernández ha advertido de que este posible cambio obligaría a los Estados miembros a asumir parte de la financiación de los programas operativos, lo que podría limitar la capacidad de actuación de las organizaciones de productores.
Presión exterior y más cargas para el sector
En el marco de los encuentros de AREFLH, en la que participa la Comunitat Valenciana a través de su colegio de regiones, se han analizado otros factores que afectan a la competitividad del sector hortofrutícola.
Entre ellos, los directores generales han destacado la presión de las importaciones procedentes de terceros países, en muchos casos con costes de producción menores. También han señalado la limitada disponibilidad de materias activas para combatir plagas y enfermedades y el incremento de las obligaciones administrativas que recaen sobre los agricultores.
En la reunión con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER), han repasado además el calendario previsto para la negociación de la PAC 2028-2034 y el estado actual de los debates sobre el nuevo marco de ayudas directas.
Ángel Marhuenda ha defendido que los criterios de aplicación de los pagos directos deben adaptarse a la realidad de las explotaciones valencianas. Según ha expuesto, es necesario que la normativa tenga en cuenta la fragmentación de las parcelas, la diversidad de cultivos y el peso de los regadíos.
Marhuenda también ha reclamado aplazar la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, prevista para el 1 de enero de 2027. Ha pedido, además, que se establezcan excepciones para las pequeñas explotaciones con el fin de evitar nuevas cargas burocráticas, especialmente entre los agricultores de mayor edad.
Cooperación con regiones italianas y situación del arroz
La agenda en Bruselas ha incluido asimismo encuentros con representantes de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña. La Comunitat Valenciana comparte con estos territorios problemas comunes, como la reducida dimensión de las explotaciones, el envejecimiento de sus titulares, las dudas sobre el relevo generacional y la disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuadas.
Durante estas reuniones se ha prestado especial atención a la situación del sector arrocero, que afronta una caída de precios hasta niveles que dificultan cubrir los costes de producción.
En este contexto, los representantes de la Generalitat han analizado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro del sector arrocero en Europa. El documento plantea la necesidad de impulsar una estrategia común que permita abordar los problemas que afectan a esta producción y reforzar su viabilidad en los próximos años.





