Nuevas ayudas fiscales y financieras por los daños de la dana Adam en la Comunitat Valenciana

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El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley con exenciones de impuestos, flexibilidad fiscal y financiación adicional para los municipios valencianos afectados por la dana Adam de octubre de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que activa nuevas medidas fiscales y financieras para paliar los daños de la dana Adam, que los días 18 y 19 de octubre de 2026 ha afectado de forma grave a la Comunitat Valenciana, sobre todo a municipios del litoral sur de la provincia de Valencia y del norte de Alicante.

El paquete incluye exenciones de impuestos, flexibilidad en las reglas fiscales y acceso a mecanismos extraordinarios de financiación para la Generalitat y los ayuntamientos afectados. El objetivo es asegurar recursos suficientes para la reparación de infraestructuras, la recuperación económica y la prevención de futuros daños.

Financiación extraordinaria para Generalitat y ayuntamientos

Según ha informado el Ministerio de Hacienda, el Real Decreto-ley contempla la posible financiación de los gastos extraordinarios derivados de la dana Adam mediante la asignación, en 2026 y 2027, de recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, tal y como ya se ha hecho con la dana de 2024.

Esta vía permitirá que la Generalitat cuente con liquidez adicional específica para actuaciones relacionadas con la catástrofe. Se trata de una herramienta pensada para cubrir gastos que superan claramente la capacidad ordinaria del presupuesto autonómico.

De forma paralela, la norma abre la puerta a que en 2027 se asignen fondos adicionales a los municipios afectados, con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales. Estos recursos se destinarán a cubrir gastos asociados directamente a los daños y a las labores de reconstrucción.

Además, se habilita que los ayuntamientos damnificados puedan destinar el superávit presupuestario de 2025, 2026 y 2027 a financiar Inversiones Financieramente Sostenibles. Estas inversiones deberán guardar relación directa con los daños causados por la dana Adam o con la prevención de efectos de fenómenos similares en el futuro.

Esto permitirá, por ejemplo, reforzar redes de drenaje, reparar infraestructuras municipales afectadas o mejorar sistemas de protección frente a inundaciones, siempre dentro del marco de inversiones consideradas financieramente sostenibles.

Flexibilización de las reglas fiscales locales

El Real Decreto-ley establece también un régimen excepcional en la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las Entidades Locales afectadas.

A la hora de valorar el cumplimiento de las reglas fiscales, los gastos extraordinarios que realicen los ayuntamientos para responder a los daños de la dana Adam se tendrán en cuenta de forma separada. De esta forma, estos gastos no computarán a efectos de las reglas de estabilidad ni de la regla de gasto.

La norma recoge además que los consistorios afectados quedarán exentos en 2026 y 2027 de la obligación de formular un plan económico-financiero por posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto que se hayan producido, o se puedan producir, en las liquidaciones de los presupuestos de 2025 y 2026.

Tampoco se aplicarán medidas coercitivas por eventuales incumplimientos de dichas reglas fiscales cuando deriven de actuaciones vinculadas a esta catástrofe. Con ello, el Gobierno busca que las corporaciones locales puedan centrarse en la reconstrucción sin temor a sanciones automáticas.

Exenciones en IBI e IAE y alivio para el campo

En el ámbito tributario, el Real Decreto-ley concede exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a 2026 para los inmuebles dañados como consecuencia directa de la dana Adam.

Se prevén también reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas para los negocios afectados en ese mismo ejercicio. Estas medidas alivian la carga fiscal de familias y empresas que han sufrido daños materiales.

El texto contempla, además, que los contribuyentes que ya hayan pagado estos tributos puedan solicitar la devolución de las cantidades ingresadas si sus inmuebles o actividades se han visto afectados por la dana.

Para las explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada se han aprobado reducciones especiales. En el IRPF se establece una rebaja en los índices de rendimiento neto dentro del método de estimación objetiva, conocido como tributación por módulos, aplicable a estas explotaciones.

Asimismo, se introduce una reducción específica en el régimen simplificado de IVA para las actividades agrarias perjudicadas, con el fin de aliviar la pérdida de ingresos del sector primario.

El Real Decreto-ley mantiene también la exención en el IRPF para las ayudas públicas vinculadas a estas catástrofes. Quedarán exentas tanto las procedentes del Gobierno central como las que aprueben las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Prórroga de ayudas por otras inundaciones recientes

Además de las medidas para la dana Adam, la norma incluye disposiciones relativas a otras catástrofes meteorológicas recientes.

En concreto, se prorrogan para 2027 varios mecanismos financieros destinados a paliar los efectos de la dana de 2024, así como de otras inundaciones registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que afectaron especialmente a Extremadura.

Gracias a este marco excepcional, el próximo año el Estado podrá volver a asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, para cubrir los gastos extraordinarios ejecutados por esta comunidad en respuesta a la catástrofe de 2024.

Según recoge el Real Decreto-ley, este mecanismo ha permitido ese año asignar 1.300 millones de euros a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana. En 2024 y 2025 se asignaron 3.064 millones de euros, de los que la Generalitat ha utilizado algo más de 1.700 millones.

Estas cifras muestran el peso que han tenido las sucesivas danas e inundaciones en las cuentas públicas autonómicas y locales, y explican la necesidad de un marco financiero específico y prolongado en el tiempo para atender los daños y reforzar las infraestructuras frente a futuros episodios extremos.