La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha iniciado una consulta pública para modificar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a incentivar la prestación de servicios bancarios básicos mediante la instalación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en municipios en riesgo de despoblamiento de la Comunitat Valenciana.
El objetivo de la modificación del Decreto 1/2020 es actualizar el listado de localidades en las que se consideran necesarios estos cajeros para determinar los municipios de exclusión financiera y preparar una nueva convocatoria pública de ayudas dirigida a los operadores bancarios.
La Generalitat enmarca esta actualización en la realidad de la exclusión financiera vinculada, según expone, al despoblamiento, el envejecimiento, la baja densidad poblacional, la escasa cobertura telemática y las limitaciones de transporte e infraestructura, factores que dificultan la sostenibilidad económica y social y, en consecuencia, la vida en estos municipios.
El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, ha señalado que la Generalitat está garantizando la continuidad del servicio de 135 cajeros automáticos en 124 municipios de interior que carecen de sucursal bancaria y que sufren el fenómeno de la despoblación. Según Gil, “este Consell está trabajando de una manera transversal para garantizar el mantenimiento de este servicio esencial, ya que el contrato vigente, heredado de la legislatura anterior, vencía en enero de 2026, sin posibilidad de prórroga”. “Nuestro objetivo es, que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva, tenga las mismas oportunidades”, ha añadido.
Para asegurar la continuidad del servicio, la Generalitat prevé cubrir las anualidades de 2026 y 2027 con una línea compensatoria y un reajuste presupuestario. En paralelo, en 2026 se iniciará la licitación para adjudicar el nuevo contrato en 2027, con entrada en vigor en 2028.
El Consell también contempla una dotación de 100.000 euros para cada una de las diputaciones provinciales en el presupuesto de 2026, con el objetivo de combatir la exclusión financiera y facilitar que las corporaciones provinciales ayuden a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión a abordar la licitación de este servicio.
La Generalitat sostiene que, ante la regulación vigente de la Ley de despoblamiento de la Comunitat Valenciana, resulta necesario adecuar el campo de acción, preferentemente, a los municipios en riesgo de despoblamiento que carezcan de entidad financiera.
Las aportaciones y opiniones se pueden remitir para su consideración a través del portal Participa. El plazo de aportaciones se inicia este miércoles, 18 de febrero, tras su publicación este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y se prolonga durante diez días naturales. Una vez concluido el trámite, se informará del resultado de la participación mediante una valoración global.
