La Justicia ha declarado injustificada la modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuesta por el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón a una celadora que prestaba servicios de forma ininterrumpida desde julio de 2017.
La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Castellón, Plaza número 5, ha dictado la sentencia 160/2026, de 16 de septiembre, que obliga al Consorcio a restituir las condiciones laborales que tenía la trabajadora antes del 1 de abril de 2026 y a abonarle las diferencias salariales que ha dejado de percibir desde entonces.
Según explica CCOO, cuyos Servicios Jurídicos han defendido a la trabajadora, la resolución establece que «la obligación de ejecutar una sentencia judicial no permite a la Administración adoptar cualquier medida sin tener en cuenta los derechos individuales de las personas afectadas».
En concreto, la jueza considera que las resoluciones judiciales anteriores «no contenían pronunciamientos específicos sobre la situación individual de esta celadora ni obligaban necesariamente al Consorcio a aplicar la solución finalmente elegida».
La Dirección no acredita que fuera la única alternativa
Uno de los puntos centrales del fallo es que el Consorcio debía acreditar que la decisión adoptada era «necesaria e inevitable» y que no existían alternativas compatibles con las sentencias anteriores que provocaran una menor afectación sobre los derechos laborales de la trabajadora.
La Administración, según recoge la nota sindical, «no consiguió demostrar estas circunstancias durante el procedimiento judicial». Por ello, la modificación de las condiciones laborales «no puede considerarse justificada únicamente por la obligación de ejecutar las resoluciones anteriores».
La sentencia condena al Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón a reponer a la celadora en las condiciones laborales vigentes antes del 1 de abril de 2026. También deberá abonarle las diferencias salariales dejadas de percibir desde esa fecha hasta que se produzca la recuperación efectiva de sus anteriores condiciones e incrementar las cantidades pendientes con los intereses legalmente correspondientes.
CCOO sostiene que la sentencia ‘desmonta’ las explicaciones de la Gerencia
CCOO considera que esta resolución «desmonta la reunión convocada por el Gerente del 17 de abril de 2025», una jornada que el sindicato denomina «Jueves Santo» y en la que asegura que esta celadora y «los otros 34 afectados más recibieron el hachazo a sus derechos».
La organización sindical mantiene además que el fallo «desmonta los informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Dirección General de Recursos Humanos» a los que, según CCOO, hizo referencia el gerente para justificar su actuación.
El sindicato sostiene que la Gerencia «en sede judicial no ha sido capaz de evidenciar como única alternativa» la medida aplicada y considera que han quedado «desmentidas todas las afirmaciones trasladadas aquel Jueves Santo».
Tras conocerse la resolución, CCOO ha elevado el tono contra la Dirección del Consorcio y ha reclamado que extraiga consecuencias. «Desde CCOO invitamos a la Dirección Gerente a tomarse los cinco días de reflexión para revisar su hoja de ruta y plantearse su vuelta a la actividad asistencial», concluye la organización sindical.
