Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos delitos de agresión sexual con dos víctimas menores de edad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado que la causa está abierta desde hace meses y continúa en instrucción.
La jueza de Instrucción número 1 de Segorbe impuso medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes. Estas medidas buscan impedir cualquier contacto del investigado con las presuntas víctimas mientras avanzan las diligencias y proteger su integridad. La condición de investigado no implica culpabilidad, pero sí que el juzgado aprecia indicios suficientes para continuar recabando pruebas y tomar declaraciones.
Reacciones políticas
Jorge Peiró ejerce como alcalde desde 2019 en un municipio de algo más de 1.700 habitantes del Alto Palancia. Tras conocerse el procedimiento, el PP de la provincia de Castellón ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia de Peiró. Además, se le ha cesado de forma inmediata como asesor del grupo popular en la Diputación de Castellón. Con ello, el partido lo aparta de su estructura interna y de responsabilidades en la institución provincial mientras se aclaran los hechos. Tanto el partido como la Diputación han expresado su respeto a la justicia y a la presunción de inocencia.
Por su parte, el PSPV-PSOE de Castellón ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputación, Marta Barrachina, que lo cese de manera inmediata. Asimismo, le ha exigido también la dimisión como alcalde de Jérica. La secretaria de Organización, Maria Jiménez, ha sostenido que ‘las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública’. Ha subrayado que ‘el cargo que ocupa no es menor ni aislado, sino que está situado en el núcleo duro del PP en la Diputación, bien remunerado’.
El PSPV ha emplazado a la dirección del PP a actuar ‘con contundencia’ ante este caso. Además, ha insistido en que ‘la prioridad debe ser la protección de los menores y el respeto a las instituciones’. A su juicio, la respuesta debe pasar por el cese inmediato en la Diputación y la petición de dimisión como alcalde, en tanto se resuelve el procedimiento judicial.
