La huelga de médicos convocada a nivel estatal por seis sindicatos contra la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud ha arrancado este lunes en la Comunitat Valenciana con un fuerte contraste en el seguimiento. Fuentes sindicales lo sitúan por encima del 90%, mientras que la Conselleria de Sanidad lo cifra en un 10,4%.
El Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESMCV), uno de los convocantes, ha informado de que sus servicios jurídicos han presentado un recurso contencioso-administrativo contra los servicios mínimos impuestos por la Conselleria, al considerar que suponen una “vulneración del derecho fundamental de huelga”, además de solicitar una medida cautelar.
En su comunicado, el sindicato sostiene que, pese a unos mínimos que “en la práctica son del 100%”, la respuesta al paro en Alicante, Castellón y València “ronda cifras superiores al 90%” tanto en hospitales como en centros de salud.
Por su parte, Sanidad ha trasladado que el seguimiento global en la Comunitat ha sido del 10,4% y, por provincias, del 16,57% en Alicante, del 9% en Castellón y del 7,15% en València.
Paros semanales hasta junio y reivindicación de un estatuto propio
La convocatoria prevé paros de una semana al mes hasta junio y está impulsada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS (Madrid), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y O’MEGA (Galicia). Estas organizaciones rechazan la propuesta de reforma del Estatuto Marco acordada por el Ministerio de Sanidad el 26 de enero con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF.
Reclamaciones
Los sindicatos convocantes reclaman un documento propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del SNS, que recoja las particularidades del ejercicio facultativo. Entre sus demandas figuran una clasificación profesional singular con una nueva categoría A1, una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables y que el exceso de jornada sea voluntario y retribuido, además de medidas como la jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa.
