La Generalitat ha solicitado servicios mínimos del 100 % para el personal docente que forma parte de los tribunales evaluadores de la PAU, con el fin de asegurar el desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad previstas para junio y julio.
La petición la ha realizado la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, como presidenta de la Comisión Gestora de la PAU, ante la Dirección General de Trabajo.
Según ha explicado la Conselleria, la medida busca garantizar la celebración de los exámenes y proteger el derecho fundamental a la educación del alumnado valenciano, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española.
Gómez ha subrayado que “la PAU no es un trámite administrativo, es el momento más importante de la trayectoria académica de miles de jóvenes valencianos que llevan años trabajando para llegar hasta aquí”.
La secretaria autonómica también ha defendido que su “obligación constitucional” es garantizar que el alumnado pueda examinarse en “condiciones de igualdad, mérito y capacidad, exactamente igual que el resto de estudiantes de España”.
Derecho a la educación y derecho a la huelga
La Conselleria fundamenta la propuesta en tres elementos: el derecho fundamental a la educación, la normativa estatal de acceso a la universidad y el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El departamento autonómico recuerda que el TSJCV ya avaló los servicios mínimos dictados por la Conselleria para los centros educativos, al reconocer el interés general del alumnado que debe afrontar la PAU sin más incidentes, incertidumbres o zozobras.
Gómez ha defendido que la decisión “no vacía el contenido del derecho a la huelga del profesorado, lo pondera frente al derecho fundamental a la educación”. En este sentido, ha afirmado que el objetivo es proteger al alumnado, que no tiene responsabilidad en el conflicto.
La convocatoria ordinaria de la PAU mantiene sus fechas previstas y se celebrará del 2 al 4 de junio.
