La Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón han acordado una serie de medidas para evitar el cierre de cajeros automáticos en los municipios del interior con baja población. El objetivo es garantizar un servicio básico y frenar la exclusión financiera en las zonas afectadas por la despoblación.
El secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial, Carlos Gil, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, han trasladado estas soluciones a la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. Esto sucedió en un encuentro en el que se ha abordado la situación generada por el cierre progresivo de oficinas bancarias y cajeros en pequeños municipios.
El problema tiene su origen en el vencimiento del contrato heredado de la anterior legislatura, que comienza este mes de enero de forma escalonada en los distintos municipios. Además, este contrato no permite prórroga, lo que ha obligado a la Generalitat a actuar con rapidez para garantizar la continuidad del servicio.
Garantizar un servicio esencial en el medio rural
Carlos Gil ha subrayado que “es la Generalitat la que sale al rescate de los pequeños municipios y la que, en colaboración con la Diputación, garantiza el mantenimiento de los cajeros automáticos, evitando la exclusión financiera de los ciudadanos de los pueblos pequeños”.
En la misma línea, José Antonio Redorat ha recalcado que “la Generalitat es la que está abriendo los cajeros que las entidades bancarias están cerrando por motivos de rentabilidad financiera”, una situación que afecta de forma especial a las localidades del interior.
En la actualidad, los municipios sin servicio bancario cuentan con 135 cajeros automáticos instalados por Caixabank en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Este sistema da servicio a cerca de 73.000 personas en el ámbito rural.
Nuevas actuaciones y líneas presupuestarias
El Gobierno valenciano ha anunciado que habilitará distintas actuaciones y líneas presupuestarias para asegurar la continuidad de estos cajeros. De hecho, ya ha comenzado a remitir a los ayuntamientos la información necesaria en la que se detalla el final del contrato anterior. Además, se incluyen los trámites que deberán realizar los consistorios para mantener el servicio mediante las nuevas medidas impulsadas por la Generalitat.
Carlos Gil ha reiterado “el compromiso real de la Generalitat por dar respuesta, servicio y soluciones” a un problema que ha calificado de generalizado en todo el territorio español.
En este contexto, ha reclamado al Gobierno central una mayor implicación y que aporte la financiación necesaria para sufragar los gastos de los municipios, especialmente los del interior. Además, ha reclamado que no dé la espalda a una problemática que afecta de lleno a la cohesión territorial.
