La Generalitat ha presentado sus alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una petición central: reforzar la seguridad jurídica, fijar criterios técnicos objetivos y buscar un marco que permita compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible en el litoral.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha criticado que la reforma no se haya consensuado con las comunidades autónomas. Según ha explicado, la Generalitat tuvo conocimiento del cambio “de forma indirecta” y considera que una modificación “de este calado” requiere, al menos, una reunión formal con los territorios para abordar sus efectos.
En esa línea, el responsable autonómico ha defendido que, si el Ministerio mantiene la tramitación, la modificación debería “primar la seguridad jurídica, especialmente en los deslindes”. También ha advertido de que “no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje”, al entender que esa posibilidad introduce incertidumbre en la delimitación de la costa.
Recurso del Gobierno contra la ley valenciana de Costas
García Manzana se ha referido también al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, interpuesto para impugnar la creación de los núcleos de valor etnológico contemplados en la norma autonómica. Ha mostrado su preocupación por la decisión y ha defendido que esta figura “permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica”.
Además, ha insistido en que la ejecución de actuaciones de regeneración litoral pendientes ayudaría a evitar nuevos deslindes que, según ha señalado, ponen en riesgo a estos núcleos costeros. Al mismo tiempo, ha puesto el acento en la voluntad de entendimiento del Consell y ha señalado que, desde la convocatoria de la comisión bilateral, se han alcanzado consensos en cerca de una treintena de artículos.
Alegaciones: deslindes, sedimentos, concesiones y planeamiento
El documento de alegaciones plantea que el futuro reglamento refuerce la seguridad jurídica en los deslindes y evite que un único episodio extraordinario pueda traducirse en una ampliación automática del dominio público marítimo-terrestre, manteniendo, en paralelo, la posibilidad de revisar la línea “hacia el mar”.
La Generalitat considera igualmente imprescindible incorporar una gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas dentro de una política coherente de protección del litoral, al tratarse de un factor que influye en la dinámica costera y en la estabilidad de las playas.
En cuanto a las concesiones, propone una regulación objetiva y diferenciada, con criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de ‘riesgo cierto’. Defiende la compatibilidad de usos económicos sostenibles, la adaptación de superficies y distancias de acuerdo con la planificación territorial y el reconocimiento de las concesiones compensatorias como auténticos derechos indemnizatorios. Además, solicita mantener el silencio administrativo positivo en las adscripciones a las comunidades autónomas.
Otro apartado relevante es el reconocimiento expreso de la singularidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural situados en el litoral, con garantías para su conservación y mantenimiento dentro del dominio público marítimo-terrestre.
La Generalitat también aboga por preservar las garantías relativas a los paseos marítimos y al planeamiento urbanístico, de forma que se reconozcan como línea de ribera los paseos construidos tras la Ley de 1988 y se mantenga la capacidad del planeamiento para autorizar usos compatibles en edificios ya existentes.
Por último, el Consell reclama reforzar la cooperación institucional y la lealtad entre administraciones mediante mecanismos reales de debate y consenso, con participación efectiva de las comunidades autónomas en comisiones bilaterales y sectoriales, y con incorporación de sus informes y posicionamientos. El objetivo, según sostiene, es compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, garantizando seguridad jurídica, transparencia administrativa y un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos de los ocupantes.
