El Ayuntamiento de Vila-real deberá hacer frente a una nueva sentencia urbanística e intereses de otras resoluciones heredadas de gobiernos del PP que ascienden a 242.000 euros.
Las gestiones para el pago de esta nueva obligación judicial, que se hará finalmente con recursos ordinarios, han obligado a retrasar dos semanas la aprobación de la modificación de créditos del presupuesto prorrogado en la que trabajan el alcalde, José Benlloch, y la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, para atender “necesidades absolutamente urgentes” de la ciudad.
La sentencia, que asciende a 174.307 euros, se remonta al año 2006 y corresponde a unos terrenos de la partida del Madrigal sobre los que su propietario reclamó la expropiación rogada con una valoración particular de 339.506 euros. Por su parte, los técnicos municipales cifraron el valor del suelo en 139.659 euros y, finalmente, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dictó en el año 2019 el valor de 174.307 euros que ratificó el Tribunal Superior de Justicia y, ahora, el Supremo, en sentencia firme recibida el 24 de enero pasado.
A esta cantidad se le añaden los intereses de otras sentencias de “los empastres del urbanismo del PP de Vila-real” hasta sumar los 242.000 euros que se liquidarán con la próxima modificación de créditos.
“Esta nueva sentencia de los empastres del PP nos ha retrasado la modificación de créditos en la que estamos trabajando para hacer frente a cuestiones muy urgentes para la ciudad a menos dos semanas, ya que la Intervención tenía bloqueado cualquier gasto nuevo hasta que no encontramos solución a este nuevo pago exigible”, explica el acalde.
De hecho, el primer edil llegó a abrir dos expedientes -2024/00006193Y y 2024/00006319V- para preparar el dinero y atender las cuestiones más inmediatas, como facturas con proveedores, sentencias o pagos pendientes a personal funcionario. “Pero la entrada de esta nueva sentencia nos obligó a redefinir los expedientes y buscar el dinero para hacer frente a esta nueva obligación judicial firme”, detalla Benlloch, quien ha informado a los grupos municipales de la situación y les entregó la documentación correspondiente hace 20 días.
“Finalmente, hemos optado por ajustar la modificación de créditos que teníamos prevista y hacer frente a esta nueva sentencia con recursos ordinarios, procedentes de los remanentes de tesorería.
Ahora, podemos finalmente desbloquear la situación y aprobar un expediente de modificación de créditos de 1,9 millones de euros de gasto nuevo que nos permitirá atender las necesidades más inmediatas, así como la consignación de crédito para pagar el resto de sentencias pendientes que teníamos a 31 de diciembre y las facturas pendientes de pago a proveedores”, detalla Benlloch.
El alcalde lamenta que, “una vez más, la herencia del PP nos vuelve a afectar, demorando operaciones que son absolutamente urgentes para poder atender las necesidades de la ciudad”. “Nunca sabemos ni cuándo llegará una nueva sentencia ni cuánto tendremos que pagar, herencia todavía de una forma perversa de gestionar el urbanismo sin importar el mañana, hasta que un juez, muchos años después, decide. Pese a todo, seguimos y seguiremos trabajando para que esta herencia del pasado no lastre el futuro y para que la nueva Vila-real del siglo XXI no deje nunca de avanzar”, concluye Benlloch.
