
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas en el marco de una investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude relacionado con 45 millones de euros de fondos comunitarios destinados a las pulseras antimaltrato.
La actuación busca esclarecer posibles irregularidades en la financiación de estos dispositivos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento impuestas a agresores por violencia de género.
La investigación comenzó después de que la oficina antifraude de la Intervención General del Estado trasladara una denuncia a la Fiscalía Europea en noviembre de 2025. El organismo advirtió de posibles irregularidades en la obtención y gestión del dinero europeo, incluida la documentación presentada para justificar su solicitud.
El Tribunal de Cuentas ha confirmado que detectó «graves deficiencias» en el contrato, vigente entre 2023 y 2026, aunque por ahora se desconoce si existen personas investigadas. La Fiscalía Europea ha evitado ofrecer más detalles sobre unas diligencias que continúan abiertas.
Un cambio de operador marcado por los fallos del sistema
La polémica sobre las pulseras se remonta a octubre de 2023, cuando Vodafone y Securitas Seguridad España asumieron la gestión del sistema Cometa, hasta entonces en manos de Telefónica. Durante el traslado de datos entre operadores se produjeron problemas que impidieron consultar parte de la información de seguimiento de los agresores.
Estas incidencias tuvieron consecuencias judiciales, con procedimientos archivados y absoluciones, según recogió la memoria de la Fiscalía General del Estado publicada en septiembre de 2025. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, defendió que los problemas habían quedado resueltos en 2024, aunque posteriormente sancionó a Vodafone con 25.285 euros por una interrupción del servicio registrada en noviembre de 2025.
PP y Vox elevan la presión sobre el Gobierno
La intervención de la UCO ha provocado una nueva ofensiva política contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado la investigación como otro episodio de lo que considera «la corrupción sistémica» del Gobierno. Los populares han aprovechado las pesquisas para cuestionar la gestión de Igualdad y recordar las consecuencias que tuvieron los problemas técnicos de unos dispositivos destinados a proteger a las víctimas de violencia de género.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha cargado contra el Ministerio de Igualdad durante unas declaraciones en Logroño, donde ha acusado al departamento de servir «para que alguien se enriquezca con las pulseras antimaltrato». El dirigente ha asegurado que la actuación de la Guardia Civil no le sorprende y ha afirmado que «no hay un asunto en el que no hayan metido las garras, no hay un asunto en el que no se hayan corrompido».





