La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer estafas bancarias mediante falsedad documental en distintos puntos de España, con especial actividad en las comarcas del norte de la provincia de Castellón.
La operación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Vinaròs, se ha saldado con cuatro detenidos y cinco personas investigadas, una de ellas ya encarcelada en Rumanía, por su presunta implicación en un fraude que alcanzó los 266.815 euros.
La investigación ha permitido destapar una estructura criminal integrada por nueve personas —siete hombres y dos mujeres de entre 25 y 65 años— que actuaba utilizando identidades extranjeras falsificadas, nóminas alteradas y hasta empresas ficticias para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito. Después, el cabecilla recuperaba esas tarjetas y vaciaba el saldo disponible en un corto espacio de tiempo.
El grupo llegó a abrir 58 cuentas bancarias y efectuó un total de 484 operaciones fraudulentas, según la investigación. Parte de las extracciones de efectivo se realizaron en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló, donde los movimientos se hacían en cantidades de entre 100 y 500 euros para tratar de eludir los controles.
Cómo funcionaba la estafa bancaria
El entramado captaba a personas a las que facilitaba documentación falsa para aparentar solvencia ante las entidades financieras. Con esos papeles, los colaboradores abrían cuentas asociadas a tarjetas de crédito con un límite de hasta 3.000 euros. A cambio, quienes prestaban su identidad o participaban en la apertura cobraban entre 100 y 200 euros por cada cuenta.
Una vez obtenida la tarjeta, la organización retiraba el crédito disponible en menos de un mes. Para ello, utilizaba un sistema repetido y escalonado que permitía extraer dinero en múltiples operaciones sin levantar sospechas inmediatas. Esa mecánica fue una de las claves que dificultó la detección inicial del fraude.
La complejidad del caso también vino marcada por el uso de múltiples identidades de diferentes países, lo que obligó a los investigadores a desarrollar seguimientos, vigilancias y tareas de monitorización durante meses. La investigación se inició en marzo de 2025, tras una denuncia por irregularidades detectadas en una entidad bancaria.
Una operación con ramificaciones en varias provincias
Aunque la actividad investigada tenía un fuerte vínculo con Castellón, la red actuaba también en otros puntos del territorio nacional. Entre las provincias afectadas figuran Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona, lo que da una idea del alcance de la organización.
El trabajo policial ha permitido acreditar la estructura y coordinación del grupo, así como el reparto de funciones dentro del entramado delictivo. Según se desprende de la investigación, no se trataba de acciones aisladas, sino de una operativa sostenida en el tiempo y organizada para defraudar al sistema financiero de forma sistemática.
Las diligencias han quedado ya a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs, que continuará con la tramitación judicial del caso. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
