Escuelas concertadas niegan que cobren a las familias cuotas “ilegales” –tal y como señala un informe realizado por Esade– y defienden que trabajan “con total transparencia” para ofrecer a sus alumnos y alumnas “una formación de calidad” a pesar de la “infrafinanciación” que sufren.
El informe ‘El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas’ señala que el 90% los centros educativos concertados de mayor tamaño de España cobran una cuota a las familias, mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70% de los colegios. En el caso de la Comunitat Valenciana, y siempre según ese análisis, el porcentaje supera el 80% de los centros.
Al respecto, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, Vicenta Rodríguez, ha criticado que este informe presenta “una mirada poco objetiva en la que se intercambian los datos y se tienen en cuenta unos aspectos que no corresponden a la globalidad de la concertada, que es una red complementaria de la publica al servicio de los ciudadanos para ofrecer unos puestos escolares que las familias eligen según sus principios“.
Rodríguez ha rechazado que estos centros cobren cuotas irregulares. “La enseñanza es gratuita“, ha aseverado a Europa Press la representante de Escuelas Católicas, que ha puntualizado que algunas familias “hacen aportaciones voluntarias para favorecer el desarrollo del colegio“.
En la misma línea, ha hecho notar que cada año se presentan las cuentas al consejo escolar para que se vea cuánto es el dinero que se recibe de la administración y en qué se gasta. “Somos absolutamente transparentes“, ha remarcado.
En este punto, esta portavoz ha llamado la atención sobre la “infrafinanciación” de estos centros, que desde el año 2099 llevan recibiendo la misma cantidad al no revisarse la cuantía del módulo de concierto.
Ha incidido en que la partida es insuficiente para hacer frente a todos los gastos, a las exigencias que tienen las empresas titulares como la eficiencia energética o los sistemas de protección de datos, que se incrementan cada año, o poder subir el salario a los miembros del personal de administración y servicios (PAS), “que trabajan mucho y bien“, ha subrayado.
Ha recordado que hace más de una década se planteó desde el Ministerio de Educación crear una comisión para establecer el coste del puesto escolar, pero no se ha llevado a cabo. Y ha añadido que cuando se sepa lo que cuesta se podrá “desmontar aportaciones tendenciosas“, como las que hace, a su parecer, el informe de Esade.
ACTUALIZACIÓN MÓDULO
Finalmente, ha señalado que ya han trasladado tanto al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, como al conseller de Educación, José Antonio Rovira, la necesidad de actualizar un módulo que está “absolutamente desfasado“.
“Trabajaremos para que se pueda aumentar en el curso 2025 y en posteriores porque no vamos a pedir que 15 años se recuperen en un solo ejercicio“, ha finalizado.
