La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha reclamado a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre rebajar la crispación política y asumir compromisos duraderos en grandes pactos de Estado. La organización empresarial ha defendido que esa estabilidad debe reforzar la seguridad jurídica, la inversión, la creación de empleo y el bienestar tanto de la ciudadanía como de las empresas.
AVE ha elaborado un decálogo con asuntos que considera básicos para mejorar la calidad de la democracia y fortalecer la sociedad. Ese documento incluye propuestas sobre vivienda, infraestructuras, financiación autonómica, fiscalidad, educación, energía, inmigración y mercado laboral. La patronal ha iniciado una ronda de contactos con los partidos valencianos para presentarles estas demandas.
La primera reunión se ha celebrado con el PP. A ella ha asistido la candidata popular al Congreso por la provincia de Valencia y alcaldesa de València, María José Catalá. Tras el encuentro, ha asegurado que el PP comparte el planteamiento general del documento. Según ha señalado, el decálogo le parece tan asumible que lo firmaría completo, de arriba abajo.
Un decálogo centrado en democracia, vivienda y economía
En el apartado sobre calidad democrática, los empresarios han pedido revertir lo que consideran una degradación paulatina de las instituciones. A su juicio, estas están muy politizadas y sufren un funcionamiento anormal de la vida parlamentaria. En ese clima, han denunciado que el insulto ha pasado a primar sobre el debate y han reclamado mayor estabilidad normativa.
Para fortalecer la sociedad, el texto alerta de la insuficiente oferta de vivienda. AVE reclama medidas que reduzcan la burocracia y la carga fiscal y que faciliten más disponibilidad de suelo. Además, defiende una inmigración ordenada, sostenible y acompañada de políticas que favorezcan la integración plena de las personas inmigrantes en la sociedad.
En materia de infraestructuras, el decálogo vuelve a reivindicar el Corredor Mediterráneo como eje estratégico para la economía. También exige recursos hídricos suficientes y la ejecución de las obras necesarias tras la dana de Valencia de 2024. En financiación autonómica, los empresarios insisten en que el próximo Gobierno debe abordar de una vez por todas el cambio del modelo.
En el ámbito fiscal, AVE pide una reforma que permita pagar impuestos razonables que no ahoguen la actividad. El objetivo, según recoge el documento, es facilitar la inversión, asegurar la continuidad de los proyectos empresariales y garantizar el relevo generacional en las compañías.
En educación, los empresarios abogan por recuperar los valores del esfuerzo y la meritocracia. Consideran imprescindible reforzar la conexión entre el sistema educativo y las necesidades reales del mercado laboral. En el terreno energético, reclaman un mix que no cierre puertas a fuentes de energía por motivos ideológicos, y plantean también abordar el absentismo laboral.
El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha explicado que todos esos asuntos deberían aparecer en los programas electorales de las distintas formaciones. Ha avanzado además que el próximo 26 de noviembre se reunirán con candidatos del PSOE para presentarles el mismo documento. Con Compromís-Front Valencià y con Vox todavía no tienen fecha concreta, aunque la asociación prevé mantener también encuentros.
El respaldo del PP al documento empresarial
María José Catalá ha destacado especialmente el apartado de regeneración democrática y de vuelta a la confianza en las instituciones. Lo ha calificado como un punto nuclear para su partido. La candidata ha recordado que Alberto Núñez Feijóo plantea ministerios gestionados por expertos, la aprobación de presupuestos y una auditoría integral de la alta velocidad, además de terminar el Corredor Mediterráneo.
Sobre las cuestiones sociales y económicas del decálogo, Catalá ha defendido una Formación Profesional más cercana al tejido económico. También ha apostado por una inmigración regulada y ha respaldado las propuestas del PP en vivienda, que ha definido como un eje fundamental de su programa. Entre ellas ha citado el compromiso de impulsar un millón de viviendas, movilizar más suelo e incrementar la oferta mediante deducciones, bonificaciones e incentivos para la adquisición de nueva vivienda.
La alcaldesa ha reclamado eliminar las normativas que, a su juicio, son perjudiciales para el mercado residencial. En este sentido, ha criticado los reales decretos de vivienda aprobados recientemente por el Gobierno central. Según Catalá, esas normas deterioran la relación entre propietario e inquilino y merman la confianza entre ambas partes, lo que dificulta que se saque más vivienda al mercado.
Como ejemplo, Catalá ha destacado la evolución de la vivienda protegida en la ciudad de València. Ha señalado que durante ocho años solo se habían puesto a disposición de los valencianos 14 viviendas protegidas. En cambio, ha subrayado que en los últimos tres años se han movilizado 1.000 viviendas. Lo ha atribuido a medidas como la mejora de la oferta, el desbloqueo de 17 PAI e incentivar claramente la construcción y la rehabilitación.





