El barco humanitario Aita Mari ha zarpado desde Castellón rumbo al Mediterráneo Central para iniciar su Misión 16, en un momento clave para las políticas migratorias europeas. La salida coincide con la entrada en vigor del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, una normativa que, según la tripulación, institucionaliza prácticas como devoluciones exprés, detención sistemática y externalización del control migratorio hacia países con graves violaciones de derechos humanos.
Denuncia de prácticas ilegales en el mar
Desde Salvamento Marítimo Humanitario advierten que el pacto legitima procedimientos que vulneran el derecho internacional. Un ejemplo es la actuación de patrulleras libias —entrenadas y financiadas por la Unión Europea— que interceptan embarcaciones y devuelven a sus ocupantes a Libia. En muchos casos, estas personas son abandonadas en el desierto, sin agua ni recursos para sobrevivir.
Un marco hostil para el rescate humanitario
La organización recalca que estas devoluciones contravienen la legislación internacional, que prohíbe el retorno a lugares donde la vida o integridad corran peligro. Denuncian además que medidas como el decreto Piantedosi en Italia y este nuevo marco europeo buscan obstaculizar el trabajo de las ONG y silenciar las denuncias sobre lo que ocurre en el mar.
Pese a las crecientes dificultades, el Aita Mari reitera su compromiso: “Mientras haya vidas en peligro, seguimos. Porque cada vida importa”.
