La conformidad o no de Intervención General en las obras pendientes del Pla Edificant, encargado de llevar a cabo infraestructuras educativas en la Comunitat se ha convertido hoy en la contradicción que ha enfrentado de nuevo a PP y Compromís por versiones antagónicas y cruce de acusaciones respecto a lo que se autorizó o no por parte de la administración.
Así, si esta mañana Compromís aseguraba en Castelló que la Conselleria de Educación, de Antonio Rovira, “fiscalizó las aportaciones económicas de Edificant que ahora quiere echar atrás, entre las que se encuentran Betxí, Borriol y Benicarló”, horas más tarde, el director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, afirmaba que la exconsellera de Educación, Raquel Tamarit, “mintió al afirmar que las obras de Edificant que firmó estando en funciones tenían la conformidad de la Intervención General”.
Es decir, dos versiones enfrentadas que trasladan la trifulca política a la parte más burocrática de la conformidad o no de Intervención para que se ejecutaran los proyectos de mejoras y construcciones de centros educativos. Aunque esto no las exime de la virulencia con que unos otros se han cruzado declaraciones
Contradicciones de Rovira en obras ‘de interés público’ que paraliza
El diputado por Castelló de Compromís en Les Corts, Vicent Marzà, junto al portavoz de Educación de la coalición, Gerard Fullana; la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, y el alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, han explicado que el gobierno de Mazón “daba luz verde a aportar los fondos económicos necesarios para iniciar las tramitaciones de construcción de sus centros educativos”. Y sin embargo, después se paralizaban. “En el caso de los tres municipios de las comarcas de Castelló se trata de la Escoleta Pequelar de Betxí, el IES Borriol y el IES Ramon Cid de Benicarló“.
“Esto es un indicativo muy significativo de la improvisación caótica del departamento que dirige el conseller Rovira que, mientras por un lado dio luz verde efectiva a los Edificant, por el otro dice que no es de interés público y no los quiere construir”, ha señalado Gerard Fullana.
En este sentido, el portavoz de Educación en Les Corts ha mostrado los documentos que -según ha dicho- corroboran “las contradicciones administrativas que rayan la ilegalidad de lo que está haciendo el conseller Rovira”. Se trata de las certificaciones que -según ha apuntado- demuestran que la Intervención de la Generalitat “fiscalizó y dio luz verde a la aportación de los fondos económicos necesarios para la construcción por Edificant de los tres centros educativos de Betxí, Borriol y Benicarló que ahora quieren revocar”.
“Esto significa que la Intervención de la Generalitat consideró correcta la necesidad de construir esos centros por Edificant y que no encontró ninguna incompatibilidad a que se lleven a cabo esas obras. Los documentos están firmados en fecha de 29 de septiembre de 2023, cuando el Gobierno de Mazón ya llevaba tres meses gobernando”, ha subrayado.
Por último, los ediles de los tres municipios afectados en Castellón han explicado sus casos, anunciando además que las comunidades educativas de los pueblos afectados participarán en la concentración organizada para el 26 de marzo a las 18.30 horas en la puerta del Palau de la Generalitat.
Además, han alñadido que “Juristas y funcionarios de los tres ayuntamientos contradicen en las alegaciones de los tres municipios los principales argumentos de PP y VOX para suprimir las inversiones educativas en los tres municipios”.
El PP acusa de mentir a la exconsellera de Educación, Raquel Tamarit
Por otro lado, y con un argumentario radicalmente opuesto, el director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, ha afirmado que la exconsellera de Educación, Raquel Tamarit, “mintió al afirmar que las obras de Edificant que firmó estando en funciones tenían la conformidad de la Intervención General”.
Valcárcel ha asegurado que “Tamarit firmó una ampliación de delegación de competencias en 12 municipios el 12 de julio, una semana antes de que tomara posesión el nuevo conseller, José Antonio Rovira”, y ha añadido que “faltó a la verdad en la firma de los documentos al señalar, en el punto 6 de los mismos, que la resolución ‘ha estado previamente fiscalizada de conformidad por la Intervención General’ (sic), aunque el informe de la Intervención no existe hasta el 29 de septiembre”.
El responsable de Infraestructuras Educativas ha señalado que la exconsellera “no solo firmó delegaciones estando en funciones, una cuestión que la Abogacía de la Generalitat ya ha dicho que no podía hacer, sino que además faltó a la verdad en la firma de los expedientes”.
Así, Valcárcel ha explicado que durante el tiempo que el Botànic estuvo en funciones la Intervención no fiscalizó contratos, “y fue en septiembre cuando comenzó a fiscalizar todos los expedientes que quedaban pendientes, entre ellos los de Edificant”.
65,5 millones comprometidos
Ha añadido: “Y es en ese momento, cuando la Intervención fiscaliza, cuando el equipo actual de la Conselleria se entera de que Tamarit deja comprometidos 65,5 millones de euros, ya que no lo comunicaron en ningún momento, demostrando una vez más cómo actuaron en el traspaso de poderes”.
El responsable de Infraestructuras Educativas ha explicado que “es al tener constancia de estas obras y del importe comprometido cuando se anuncia la apertura de un expediente de lesividad” y ha criticado que la oposición “pretenda disparar fuegos de artificio para desviar la atención”.
Al respecto, ha señalado que los tres expedientes a los que ha hecho alusión la formación “son documentos contables que no implican transferencias, y además hablan de un millón de euros en uno de los casos y de cero euros en los otros dos”.
