Los equipos directivos de centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana han advertido de que avanzarán hacia una dimisión “colectiva, coordinada y pública” si la Conselleria de Educación no presenta una propuesta “escrita, seria y suficiente” para resolver la huelga indefinida del profesorado.
La medida se plantea como último recurso si no prospera la negociación abierta entre Educación y los sindicatos convocantes de la huelga iniciada el pasado día 11. Así lo han acordado equipos directivos de centros de distintas etapas educativas tras reunirse en asamblea en Picanya.
Los firmantes reclaman compromisos verificables sobre las principales reivindicaciones planteadas por las organizaciones convocantes, entre ellas STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. En el manifiesto conjunto, sostienen que la situación de la educación pública valenciana es “cada vez más insostenible”.
Una medida extrema como último recurso
Los equipos directivos aseguran que no pretenden abandonar los centros, sino defenderlos. Según expresan, han sostenido la actividad educativa en situaciones límite como la pandemia, la falta de personal, los cambios normativos constantes, las emergencias y la infrafinanciación.
En este contexto, advierten de que, si no hay una respuesta suficiente, promoverán nuevas medidas de presión “coordinadas, proporcionadas y colectivas”, incluida la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema.
Los firmantes reclaman a Educación que deje de “ganar tiempo” y presente una propuesta con compromisos concretos, calendario y presupuesto suficiente. A su juicio, la educación pública valenciana necesita “soluciones estructurales, no declaraciones vacías”.
Defensa de la educación pública
El manifiesto denuncia carencias estructurales, sobrecarga burocrática, insuficiencia de recursos y una respuesta que consideran claramente insuficiente por parte de la Conselleria ante necesidades que afectan al alumnado, al profesorado y a las familias.
Los equipos directivos también rechazan cualquier intento de confrontar a profesorado y familias. Según defienden, mejorar las condiciones educativas supone proteger el derecho del alumnado a una atención de calidad.
