La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una nueva reclamación al Gobierno de España para exigir la actualización de las entregas a cuenta y garantizar la capacidad financiera de ayuntamientos y diputaciones.
La propuesta se debatirá este lunes 25 de mayo durante la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP, que se celebrará en la Diputación de Valencia. En ese encuentro se prevé aprobar una declaración conjunta centrada en la defensa de la autonomía local y una financiación justa para las administraciones locales.
La actualización de las entregas a cuenta, eje de la reivindicación
La dirigente provincial ha planteado incorporar un punto específico al documento para reclamar al Ejecutivo central una actualización urgente de las entregas a cuenta ligadas a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado. La petición busca adaptarlas a la evolución real de los ingresos y a las previsiones económicas actuales.
Según ha explicado Marta Barrachina, esta medida pretende “garantizar la capacidad financiera de las entidades locales, reforzar su capacidad de prestación de servicios públicos esenciales y dotarlas de mayor estabilidad y certidumbre presupuestaria en el ejercicio de sus competencias”.
La presidenta ha señalado que los cambios en los ingresos estatales y el contexto económico actual hacen necesario que los sistemas de financiación local respondan con rapidez. Además, considera fundamental “avanzar en medidas que permitan adecuar los recursos disponibles a la realidad económica actual y a las necesidades crecientes de la ciudadanía”.
Reclamación de 250 millones y críticas a la falta de presupuestos
La responsable provincial mantiene esta reivindicación desde hace tiempo y reclama al Gobierno una deuda acumulada con la provincia por las entregas a cuenta. Según sus cálculos, esa cantidad alcanzaría los 250 millones de euros desde 2023 debido al crecimiento poblacional, el incremento de impuestos y una mayor recaudación estatal.
Asimismo, ha advertido de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2023 “conlleva un gran desfase entre la cantidad que le corresponde recibir a cada ayuntamiento de su parte de la recaudación de impuestos y la cantidad que están recibiendo”.
Por ello, la institución provincial insiste en reclamar una actualización real de las entregas a cuenta para 2026, teniendo en cuenta el aumento de los ingresos tributarios registrados entre 2023 y 2025. “No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo y corresponde a los ayuntamientos y diputaciones”, ha añadido.
Rechazo a las limitaciones por las reglas fiscales
Junto a esta exigencia, la Diputación impulsó un manifiesto firmado por alcaldes y alcaldesas de Castellón para expresar su preocupación por las restricciones derivadas de las reglas fiscales.
El texto denuncia que las limitaciones actuales dificultan el uso de recursos disponibles y reducen la capacidad de inversión en servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales. Entre las medidas reclamadas figuran el desbloqueo de las reglas fiscales, el uso flexible de los remanentes de tesorería y un mayor reconocimiento de la autonomía local.
La presidenta provincial ha defendido que “permitir el uso de los remanentes supondría impulsar inversiones necesarias en los municipios, mejorar la calidad de los servicios públicos, reactivar la economía local y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía”.
