La Diputación Provincial de Castellón ha salido en defensa del sector pesquero y exigirá al Gobierno de España la eliminación de las cargas burocráticas que dificultan la actividad de la flota de bajura. El Ejecutivo provincial ha presentado una moción que se debatirá en el pleno del próximo martes, 20 de enero, para instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a suprimir el preaviso obligatorio de dos horas y media antes de la entrada a puerto.
La iniciativa responde a la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, una normativa que, según la institución provincial, no se adapta a la realidad de la pesca mediterránea. “La protección de nuestra pesca debe ser una prioridad absoluta. Necesitamos que el Gobierno defienda la flota y haga todo lo posible para corregir el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, porque si no se corrige, muchas embarcaciones no podrán seguir faenando”, ha señalado el vicepresidente de la Diputación y diputado de Pesca, Andrés Martínez.
Un preaviso “inasumible” para la pesca mediterránea
El vicepresidente provincial ha criticado con dureza la exigencia del preaviso de dos horas y media para los buques pesqueros de doce metros o más, en vigor desde el pasado 10 de enero. A su juicio, se trata de una obligación “inasumible” para la flota de bajura, que opera cerca del puerto y con jornadas condicionadas por el estado del mar, la seguridad y la dinámica de las capturas.
“No tiene ningún sentido que una embarcación que faena muy cerca del puerto, a media hora, tenga que avisar con más de dos horas de antelación sobre su llegada al puerto. Esta medida supone una nueva carga burocrática para la flota de bajura, alejada de la realidad del día a día en el mar Mediterráneo”, ha afirmado Martínez.
Más carga administrativa y menos tiempo para pescar
La Diputación alerta de que esta obligación fuerza a las embarcaciones a dejar de pescar durante el tiempo del preaviso, lo que repercute directamente en su rentabilidad. A ello se suma la eliminación del umbral mínimo de 50 kilos en el Registro Diario de Capturas, otra de las cuestiones incluidas en la moción presentada por el Gobierno Provincial.
“Antes, solo tenían que informar de las capturas que superaban los 50 kilos por especie, ahora deben registrar absolutamente todo, desde el primer kilo que pescan”, ha explicado Andrés Martínez, quien ha denunciado un exceso de trámites que complica aún más el trabajo diario del sector.
Riesgo de sanciones y pérdida de viabilidad económica
Desde la institución provincial advierten de que la combinación de ambas exigencias incrementa de forma desproporcionada la carga administrativa y desplaza al patrón y a la tripulación de su labor principal. Además, genera un mayor riesgo de sanciones por errores formales, incluso sin que existan infracciones materiales.
“La pesca es un pilar fundamental de nuestra identidad y de la economía provincial, y no podemos permitir este nuevo reglamento de control de la pesca que, en lugar de ayudar a la flota, viene a burocratizar aún más, si cabe, un sector ya difícil de por sí”, ha remarcado Martínez.
El vicepresidente ha concluido reclamando una política pesquera que combine sostenibilidad y viabilidad económica, con apoyo a la modernización de la flota y un marco normativo realista. “Pedimos flexibilizar las exigencias y adaptarlas a la realidad del sector”, ha señalado.
