La Diputación Provincial de Castellón ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte a demanda destinado a 84 municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo es mejorar la movilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas del entorno rural. La medida se enmarca en el plan Pobles amb Futur y cuenta con una dotación total de 294.000 euros, según ha acordado la Junta de Gobierno celebrada este martes.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado que esta iniciativa permitirá “hacer la vida más fácil a las personas mayores o dependientes. Aquellas que no pueden hacer uso de su propio vehículo”. Barrachina ha señalado que el transporte a demanda “es una herramienta esencial para mejorar la conectividad entre los pueblos, facilitar el acceso a los servicios básicos y frenar la despoblación”. Además, ha defendido que estas ayudas reflejan el compromiso de la institución con los ayuntamientos rurales.
Cada uno de los municipios beneficiarios recibirá 3.500 euros para reforzar este servicio. Este se organiza de manera personalizada a partir de las solicitudes de los usuarios. De este modo, las personas que necesiten desplazarse a hospitales, centros médicos u otros servicios esenciales podrán hacerlo con mayor facilidad.
Barrachina ha destacado que la prioridad de la institución provincial es “seguir impulsando medidas que favorezcan el desarrollo de toda la provincia”. También ha señalado que “vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad”.
Transporte a demanda
Por su parte, el diputado de Cohesión Territorial, Sergio Fornas, ha destacado que “el transporte a demanda no solo es una solución de movilidad, sino también un servicio clave. Este ayuda a luchar contra la despoblación y favorecer que la población permanezca en las zonas rurales de Castellón”.
La presidenta ha concluido que con esta medida la Diputación reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades. Además, subrayó un modelo de provincia donde todos los castellonenses “tengan las mismas posibilidades de acceso a servicios y calidad de vida. Esto debe ser independiente del lugar en el que residan”.
