La Diputación de Castellón eleva a 64,2 millones el Plan Impulsa y refuerza su inversión en los 135 municipios

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Marta Barrachina destaca en Azuébar el aumento del 13% del presupuesto en la legislatura y subraya que el programa 2026-2027 ofrecerá más recursos, más libertad y menos burocracia

La Diputación de Castellón ha reforzado su apuesta inversora en el conjunto de la provincia con una dotación global de 64,21 millones de euros a través del Plan Impulsa, un programa con el que la institución provincial quiere seguir atendiendo las necesidades de los 135 municipios castellonenses.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha visitado este martes Azuébar, donde ha comprobado una de las actuaciones ejecutadas con cargo a este plan, y ha puesto el acento en el incremento presupuestario previsto para la actual legislatura. Según ha destacado, la cuantía total pasa de 56,8 millones a 64,21 millones de euros, lo que supone un aumento del 13% y 7,3 millones de euros más.

Barrachina ha definido el Plan Impulsa como un motor de desarrollo y progreso para toda la provincia y ha asegurado que la institución mantiene una apuesta decidida por un modelo que permita responder a las demandas del territorio con más capacidad inversora y una tramitación más ágil.

Actuación en Azuébar

Durante la visita al municipio del Alto Palancia, la dirigente provincial ha estado acompañada por el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno e InfraestructurasHéctor Folgado. Ambos han supervisado la obra desarrollada dentro del Plan Impulsa 2024-2025, dotada con un presupuesto de 180.500 euros.

La actuación ha incluido la rehabilitación y mejora de los vestuarios de la piscina municipal, la construcción de aseos en la pista deportiva y la mejora de las instalaciones del tramo alto de la calle Ruzafa.

Esta intervención forma parte del paquete de 5,6 millones de euros que la Diputación ha destinado a modernizar y mejorar instalaciones deportivas municipales en 50 localidades de la provincia a través del propio Plan Impulsa y de convenios singulares suscritos con los ayuntamientos.

Más inversión en instalaciones deportivas

La presidenta provincial ha remarcado que el objetivo del equipo de gobierno es que todos los municipios dispongan de instalaciones dignas, seguras y modernas. En ese sentido, ha insistido en que la mejora de equipamientos deportivos forma parte de una estrategia ligada al bienestar, la salud y la calidad de vida en el conjunto del territorio.

La inversión ejecutada en Azuébar se enmarca así en una línea de actuación más amplia con la que la Diputación quiere reforzar infraestructuras básicas y servicios municipales en localidades de distinto tamaño, especialmente en el interior de la provincia.

Plan Impulsa 2026-2027

En paralelo, la institución provincial mantiene abierto el plazo para que los ayuntamientos definan el destino de los 32,5 millones de euros correspondientes al Plan Impulsa 2026-2027. Marta Barrachina ha señalado que ahora corresponde a los consistorios concretar las actuaciones que quieren impulsar con cargo a este programa bienal.

La nueva edición del plan incorpora varias mejoras. La primera de ellas es el incremento de la inversión, que suma 783.940 euros hasta alcanzar los 32,5 millones, una cifra que la Diputación presenta como la mayor de su historia para este tipo de iniciativa.

A ello se añade una mayor flexibilidad en el uso de los fondos. Los ayuntamientos podrán seguir destinando parte de la cuantía asignada a gasto corriente y otra parte a obra, con un máximo del 40% para gasto corriente y un mínimo del 60% para inversiones. Además, se permitirá reinvertir la baja económica que se produzca en una obra en el momento de su adjudicación.

Menos burocracia y más plazo para cambios

Otra de las novedades destacadas por la institución es la reducción de cargas administrativas. El plan contempla medidas para simplificar los trámites y facilitar que todos los municipios puedan beneficiarse de sus fondos en mejores condiciones.

También se amplía el plazo para solicitar cambios en los servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad, frente al límite anterior fijado en el 30 de junio. Con ello, la Diputación busca ofrecer más margen a los ayuntamientos para adaptar sus proyectos a las necesidades reales de cada ejercicio.


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