La tarea de encomienda de gestión de los residuos, incluidos trámites, legales, burocráticos o recaudatorios, que la Diputación Provincial de Castelló realizaba, hasta ahora en 40 municipios de la provincia de Castellón se incrementará, de momento, a 19 municipios más.
La razón principal es la imposibilidad de hacer frente a la compleja adaptación de la nueva normativa de gestión de residuos que entrará en vigor a principios de 2025 y que afecta a todos los ayuntamientos.
Esto quiere decir que la institución provincial tendrá que preparar documentación y asumir trámites, incluidas la redacción de las nuevas ordenanzas o la manera de aplicar la nueva normativa, de 59 pueblos, cuya capacidad de gestión no es suficiente para afrontar los cambios que implica el nuevo modelo.
La asunción de esta gestión supondrá también un incremento de gasto para las arcas provinciales, pero es que, como ha reiterado la presidenta «resulta imposible» para los ayuntamientos, «que ni saben como hacerlo, ni pueden asumirlo».
Así, el próximo ejercicio, la institución provincial destinará 3,2 millones de euros para la licitación de los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios, frente a los 40 que había hasta el momento y que suponían 1,4 millones.
Hasta el momento, la Diputación contaba con una encomienda de gestión compuesta por 3 contratos que gestionaban los residuos de 40 municipios. Estos tres contratos agruparán a municipios: Alto Mijares (6 municipios), Alto Palancia (28 municipios) y Ports – Alt Maestrat (25 municipios).
Sin embargo, estos no son los únicos ayuntamientos, cuyos ediles han pedido ya acogerse a esta «encomienda» en la gestión. Como ya ha explicado la presidenta, Marta Barrachina, sobre la mesa ya tiene las peticiones de otras 17 localidades. Así que, de momento, serán ya 76 municipios los que le cederán esa potestad a la Diputación al ser esta forma la única vía para poder cumplir la normativa obligatoria sin enfrentarse a una sanción.
Es decir, que la adaptación para gestionar el contrato de recogida de residuos, su licitación, el establecimiento de los criterios que se aplicará en cada lugar a tenor de sus características, su control y todos aquellos trámites vinculados al servicio de recogida y tratamiento de residuos en el que se valorará quien y como separa los desperdicios, será trabajo de los servicios competentes de la Diputación.
Es más, la avalancha de trabajo que supone aceptar las peticiones de todas aquellas localidades, ahora extensivas a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, que soliciten esta encomienda a la Diputación, está planteando a la institución crear un departamento específico, según ha apuntado la presidenta.
De acogerse todos los ayuntamientos de la provincia a los que se les ofrece ahora la posibilidad, la entidad supramunicipal podría asumir «hasta 127 municipios».
Pero sea cual sea la cifra final, la realidad es que a través de las medidas implantadas, la institución provincial ofrece a los municipios la posibilidad de delegar la gestión de la nueva tasa residuos en la Diputación, que se encargará directamente de la recaudación.
“Nuestro servicio de recaudación se ocupará de todo el proceso y transferirá los fondos correspondientes a cada ayuntamiento, liberándolos de la carga administrativa que supone esta tarea”, por la falta de personal y recursos de estas pequeñas administraciones. A todo ello, se suma la problemática que supone crear una ordenanza para una tasa “que no saben realmente cómo aplicarla”, ha concluido.
