La Sindicatura de Comptes ha alertado este viernes del endeudamiento histórico de la Generalitat Valenciana, con 63.000 millones de deuda financiera a finales de 2024 y un déficit superior a 2.200 millones, y ha reclamado que se empiecen a tomar medidas antes de que se frene el crecimiento económico de los últimos años.
El síndic major de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha comparecido ante la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes para presentar 22 informes, entre ellos el de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2024.
La sesión ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, antes de que Cucarella detallara la situación financiera de la administración autonómica.
Según ha explicado, la Generalitat ha cerrado 2024 con un patrimonio neto negativo superior a los 53.000 millones de euros. Además, ha acumulado una deuda financiera de 63.000 millones, de los que más de 54.000 millones proceden de operaciones con el ICO que hay que devolver, incluido el crédito ligado a la dana.
El resultado presupuestario ha mostrado un déficit que Cucarella ha calificado de ‘muy elevado’, superior a 2.200 millones de euros. Ha subrayado que, año tras año, los informes de la Sindicatura ponen de manifiesto el desequilibrio patrimonial, financiero y de liquidez de la Generalitat, que en 2024 además ha incumplido la regla de gasto.
Riesgo ante una futura desaceleración
Para el Síndic de Comptes, el escenario puede complicarse todavía más si se frena el crecimiento del PIB. Ha advertido de que ese momento será ‘un gran reto para el sector público’ y ha insistido en que conviene anticipar medidas de ajuste y mejora de la gestión antes de que llegue esa desaceleración.
Cucarella ha insistido en su preocupación por el ‘enorme endeudamiento que no para de crecer nunca’ y ha señalado que este volumen de deuda limita el margen de actuación futura de la administración valenciana, tanto en inversión como en gasto social.
Entre las recomendaciones planteadas, ha considerado importante que se tramite un nuevo acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Ha defendido que es necesario aclarar de forma precisa las características del contrato y qué gastos incluye y cuáles no.
Según ha señalado, la Sindicatura ha detectado que el IVO ha cobrado a la Conselleria gastos correspondientes a pacientes de las concesionarias sanitarias. Por este motivo se ha abierto un expediente en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para determinar si existe responsabilidad contable.
Facturas fuera de plazo e intereses de demora
Cucarella también ha advertido de graves problemas en la gestión del pago a proveedores. Ha explicado que han revisado más de un millón de facturas y que el 78 % se pagan ‘fuera del plazo legal’.
Ese retraso en los pagos ha supuesto en 2024 unos intereses de demora por importe de 4 millones de euros, la cifra ‘más elevada de los últimos ejercicios’, que el Síndic ha descrito como ‘una carga bestial’ para las arcas públicas.
Respecto a los contratos de emergencia vinculados a la dana de 2024, la Sindicatura ha encontrado casos en los que no se ha justificado adecuadamente la elección del contratista. También ha detectado expedientes en los que no se ha publicado posteriormente la memoria justificativa de la contratación, a pesar de tratarse de un requisito clave de transparencia.
En relación con el canon de saneamiento, Cucarella ha considerado que la recaudación debería asumirla la Agencia Tributaria Valenciana en lugar de la EPSAR, con el objetivo de reforzar los controles y homogeneizar los criterios de gestión tributaria.
Déficits de control e ingresos sobredimensionados
El Síndic de Comptes ha señalado asimismo ‘deficiencias significativas en algunos controles internos‘. Ha atribuido parte de estos problemas a la falta de personal, que retrasa la elaboración de informes y limita la capacidad de supervisión.
También ha advertido de que las previsiones de ingresos ‘no se ajustan a la realidad’, ya que se presupuesta por encima de lo que ‘realmente’ acaba recaudándose. Esta práctica, ha apuntado, agrava el desequilibrio presupuestario y dificulta la planificación del gasto.
Durante la comparecencia, Vox ha reprochado que la Sindicatura no haya elaborado un informe específico sobre el supuesto ‘colapso’ de los servicios públicos por la inmigración. Cucarella ha respondido que, en cualquier caso, ‘el resultado igual no sería el que espera ese partido’.
Ha recordado además que Vox también ha solicitado un informe al Tribunal de Cuentas y que será este órgano el que decida si lo elabora, en lugar de encargar ese trabajo a todos los fiscalizadores autonómicos.
Cucarella ha recordado que lleva cuatro años en funciones por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para nombrar un sustituto al frente de la Sindicatura de Comptes.
Sobre el papel del órgano fiscalizador, ha admitido que su labor es ‘muy desagradable’ y ‘no hace amigos’, porque se dedican a ser una ‘mosca cojonera’. Según ha dicho, su función es marcar qué no se ha cumplido y poner el foco en ‘lo malo’, con el objetivo de corregir las deficiencias detectadas en la gestión pública.





