Los valencianos afrontan en 2026 un nuevo límite de endeudamiento de la Generalitat, que ha quedado fijado en un máximo de 1.859,7 millones de euros adicionales sobre el saldo de deuda existente a 1 de enero. Esta capacidad extra de financiación se ha vinculado a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024.
Según ha acordado el Consell, el saldo de la deuda de la Generalitat a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar el registrado el 1 de enero de ese mismo año en más de 1.859,7 millones. Ese tope marca el margen máximo para nuevas emisiones o contrataciones de deuda pública durante el ejercicio.
La Generalitat podrá emitir o contratar deuda con cargo al presupuesto de 2026 dentro de ese límite, ya recogido en la Ley 4/2026, de 22 de julio, de Presupuestos de la Generalitat para 2026. Este marco legal fija el techo de endeudamiento que respalda las nuevas operaciones financieras.
Además, el Consell ha previsto una cierta flexibilidad al inicio del ejercicio siguiente. Durante enero de 2027 se ha autorizado la posible creación de nueva deuda de la Generalitat por un importe que no incremente la autorización correspondiente a 2026 en más de un 15 %. Ese margen se computará dentro del límite global de deuda que se apruebe legalmente para todo el ejercicio 2027.
Esta autorización se ajusta a la normativa de hacienda pública de la Generalitat. Permite desarrollar la capacidad de endeudamiento prevista en los Presupuestos de 2026 y da cobertura financiera a las principales prioridades de gasto.
Más presión de deuda por la dana de 2024
El Consell ha enmarcado esta decisión en un contexto de esfuerzo presupuestario sostenido. La Generalitat ha señalado que en los próximos ejercicios deberá mantener un gasto específico para las actuaciones de recuperación y reconstrucción de las zonas golpeadas por la dana de octubre de 2024.
Estas intervenciones se integran en el Plan de Recuperación y Reconstrucción de la Generalitat. La financiación adicional pretende asegurar tanto las inversiones para reparar daños como la continuidad de los servicios públicos en las áreas más afectadas.
Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 contemplan la continuidad de estas actuaciones, pero también la garantía de los servicios públicos fundamentales en toda la Comunitat Valenciana. Sanidad, educación y servicios sociales siguen entre las prioridades, en un entorno económico complejo.
El escenario financiero está condicionado por varios factores externos. Entre ellos, la evolución de la situación internacional, la inflación, los tipos de interés, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de aprobación de nuevos objetivos fiscales. Este contexto encarece la financiación y aumenta la incertidumbre sobre los ingresos futuros.
La deuda que se emita o contrate al amparo de esta autorización deberá ajustarse a lo recogido en la Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Esa norma regula las condiciones, procedimientos y límites de las operaciones de endeudamiento.
Críticas al sistema de financiación autonómica
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha vinculado el mayor endeudamiento a un problema estructural. Tras detallar el nuevo máximo de deuda, ha asegurado que la Comunitat tiene ‘el peor sistema de financiación autonómico posible‘.
Barrachina ha explicado que esta situación se ha agudizado en los dos últimos años, marcados por el impacto económico y social de la dana. A su juicio, ese contexto ha obligado a la Generalitat a reforzar el gasto mientras mantenía una financiación insuficiente.
El portavoz ha reclamado que la reforma del sistema de financiación autonómica se pacte entre todas las comunidades autónomas. Ha pedido que ese nuevo modelo tenga en cuenta ‘la postrada situación financiera’ de la Comunitat Valenciana y corrija el actual desequilibrio.
Según ha defendido, el objetivo es que el resultado final sitúe a los valencianos en el nivel medio de recursos por habitante del conjunto de España. ‘No queremos más que situarnos en la zona media y no por debajo, como el nuevo modelo alumbraba’, ha afirmado.
Mientras llega esa reforma, Barrachina ha exigido la creación de un fondo de nivelación. Ese mecanismo transitorio debería compensar, según ha planteado, la infrafinanciación actual y reducir la necesidad de recurrir de forma recurrente a más deuda pública para sostener el mismo nivel de servicios públicos que otras autonomías.
