Los centros educativos de la provincia de Castellón aplican desde este 7 de enero el Decreto 193/2025 de convivencia en el sistema educativo. La norma tipifica como faltas graves conductas como el acoso, la humillación y la grabación o difusión de imágenes sin autorización dentro del ámbito escolar, reforzando el marco de actuación ante conflictos graves.
La entrada en vigor coincide con la reanudación del curso tras las vacaciones y marca el inicio efectivo de una regulación presentada semanas atrás.
Qué regula el decreto que entra en vigor
El decreto establece un modelo común de gestión de la convivencia en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos, con el objetivo de garantizar entornos seguros, inclusivos y respetuosos.
El texto se articula en torno a principios como el interés superior del menor y el carácter educativo y restaurador de las medidas disciplinarias. Refuerza la prevención de la violencia, el reconocimiento de la autoridad docente y la regulación del uso responsable de los dispositivos digitales.
Una de las novedades destacadas es que la condición de alumnado vulnerable o con necesidades específicas de apoyo educativo actúa como agravante en la gradación de la responsabilidad, reforzando la protección de las víctimas.
Conductas consideradas faltas graves
Entre las faltas graves figuran el acoso escolar, el ciberacoso, las agresiones, las discriminaciones y las ofensas graves al profesorado. También se incluyen los daños materiales de entidad, la captación o difusión de imágenes sin consentimiento y la incitación a cometer estas conductas.
Estas infracciones pueden dar lugar a la apertura de un expediente disciplinario, con medidas correctoras que incluyen tareas educativas fuera del horario lectivo, restricciones temporales de actividades, cambios de grupo o limitaciones de asistencia a determinadas asignaturas.
Faltas leves y medidas correctoras
El decreto clasifica como faltas leves comportamientos como la impuntualidad reiterada, las ausencias injustificadas, la alteración del desarrollo de las clases o el uso indebido de dispositivos móviles.
Las medidas deben respetar el derecho a la educación y tener siempre un enfoque educativo y restaurador.
Coordinación de bienestar y procedimientos
El texto consolida la figura de la coordinación de bienestar y protección, responsable de articular las medidas de protección del alumnado y coordinar la actuación del centro con los servicios sociales, sanitarios y de orientación.
Asimismo, regula procedimientos conciliadores basados en la mediación y refuerza la autoridad del profesorado, considerando falta grave cualquier agresión, injuria u ofensa en el ejercicio de sus funciones.
Aplicación administrativa y digitalización
El decreto incorpora un módulo específico en la plataforma ITACA para el seguimiento digital de los procedimientos disciplinarios, con el objetivo de simplificar la gestión administrativa y reforzar la seguridad jurídica.
La valoración sindical de UGT
Desde UGT, la valoración del decreto es crítica. El sindicato considera que incrementa de forma significativa las responsabilidades del profesorado y de los equipos directivos sin recursos suficientes.
UGT denuncia una sobrecarga laboral estructural, la falta de reducción de ratios y el aumento de la burocracia derivada del registro obligatorio de incidencias, así como la ausencia de protocolos claros de apoyo jurídico inmediato y de medidas específicas para proteger la salud laboral del profesorado.
