La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA de octubre de 2024 ha comenzado a analizar seis fallecimientos más que podrían estar relacionados con las riadas en la Comunitat Valenciana y que, en caso de confirmarse, elevarían el balance de víctimas mortales hasta las 240.
Según consta en la documentación de la causa hecha pública este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada ha abierto una nueva pieza de fallecimiento a raíz de la petición de una asociación de víctimas. Esta entidad ha solicitado que se incorpore al procedimiento una nueva víctima mortal que, a su juicio, tendría vínculo directo con las inundaciones.
Esta nueva pieza se suma a otras cinco que siguen todavía en fase de estudio. Sobre todas ellas la jueza mantiene abiertas diligencias, entre las que figuran solicitudes de información sobre historiales clínicos y otros datos médicos necesarios para aclarar las causas exactas de los decesos.
Decisiones sobre recursos de acusación y defensa
El alto tribunal valenciano también ha informado este jueves de dos autos dictados en la causa. En el primero, la jueza desestima el recurso de reforma presentado por una acusación particular contra una decisión previa de la instructora. Esa resolución anterior había rechazado la declaración como testigo del jefe de la Policía Local de Algemesí.
Con esta decisión, la magistrada mantiene su criterio inicial y considera que no procede, por el momento, la testifical del responsable policial. La acusación particular pretendía reforzar su tesis sobre posibles fallos en los protocolos de actuación locales durante el episodio de lluvias extremas.
En un segundo auto, la instructora rechaza una petición de la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Esa defensa había solicitado que el juzgado requiriese nuevas aclaraciones a dos peritos que declararon durante la instrucción como autores de un informe encargado por la asociación SOS Desaparecidos.
Ese documento subraya el retraso en la convocatoria del Cecopi, la demora en el envío del mensaje masivo de alerta a la población y la falta de reacción ante los avisos emitidos por la Aemet. Estos elementos se han convertido en uno de los ejes de la investigación sobre la gestión institucional de la DANA.
El abogado de Argüeso pidió a la jueza que volviese a citar a los autores de ese informe. Argumentó que necesitaba saber si habían concluido su análisis técnico, ya que el texto remitido al juzgado se presenta como un ‘mero estudio preliminar’. A su juicio, resultaría esencial aclarar si existen conclusiones adicionales que no se hayan incorporado todavía a la causa.
La jueza, sin embargo, descarta esa nueva comparecencia. En su auto explica que el documento no es un informe pericial encargado de oficio por el juzgado, sino que se trata de una prueba aportada por una de las acusaciones particulares que participan en el procedimiento.
‘Se trata de una prueba aportada por una acusación particular, por lo que la decisión sobre la ampliación del informe a la misma corresponde, sostiene la magistrada en su resolución. Además, añade que ‘el informe fue objeto de una extensa ratificación y aclaración en su día, en la que participó el letrado de la defensa que insta el mencionado requerimiento’.
De este modo, la instructora considera que, con las aclaraciones ya recabadas, la prueba se encuentra suficientemente integrada en la causa. La investigación penal sobre la gestión de la DANA de octubre de 2024 continúa abierta, mientras el juzgado analiza si estos seis nuevos fallecimientos deben sumarse al balance oficial de víctimas de las riadas en la Comunitat Valenciana.





