Hogares con cimientos de barro. Sobre arenas movedizas. La polémica es antigua. Es como si los dirigentes del Ministerio ahora llamado de Transición Ecológica, antes de Medio Ambiente y en tiempos pasados de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) se levantaran un día cualquiera y dijeran “hoy vamos a derribar viviendas situadas junto al litoral en la zona marítimo-terrestre de titularidad pública en cumplimiento de la ley de Costas, y cuanto antes, mejor”.
Y eso es lo que han anunciado para el centenar de casitas que conforman el núcleo poblacional de Torre La Sal, en Cabanes. Un enclave forjado hace más de cien años para solaz esparcimiento de sus vecinos que ven amenazados su hábitat en un paraje natural virgen.
Como siempre, esta aplicación “abusiva” del texto legal, y ya ocurrió en 1989 (con una demolición por sorpresa de 18 chalets en la playa de Xilxes, en la primera de las masivas acciones de Costas, y que dejó a sus vecinos sin muebles y electrodomésticos, pese a los recursos de amparo al Supremo y al Constitucional), se ha ido sucediendo a lo largo de los años, con las movilizaciones ciudadanas en contra y las promesas de los políticos en el sentido de que no ocurriría.
Pero, la espada de Damocles sobre estos inmuebles cayó irremediablemente entre la indignación de sus propietarios y el escepticismo más irredento, en una cadena cuyos eslabones se han repartido entre la playa de Nules, Almenara, Moncofa (en 2009 con el mediático derribo del Hostal Chavarro y el Pinche), y también en la Marjalería de Castelló.
La ley del más fuerte sobre la debilidad del ciudadano y de los ayuntamientos, atónitos ante las inmediatas órdenes de derribo y el pie cambiado de nuestros representantes en las Cortes Generales y parlamento autonómico, quienes tendrían que adelantarse en su gestión para evitar este sucedáneo de susto o muerte, en que se convierte este torrente de desafueros cuando menos lo esperamos.
Mas suerte tuvieron en Benicarló, en 2011, donde la falta de fondos ministeriales impidió este arrase de viviendas. La nueva Ley de Costas se aprobó, precisamente, para evitar estas arbitrariedades a la hora de consumar estos ataques por sorpresa a los residentes de estos núcleos urbanos acosados
Y frente al ortodoxo y tajante ejecutar de la legislación vigente por parte de los poderes públicos en la costa, la hipocresía más decadente aparece cuando se trata de mirar de perfil para frenar los desmanes urbanísticos.
Nadie evitó en tiempos pasados el espantoso monumento de ladrillo y cemento sobre la arena inerte que es Marina d’Or, o el negocio de torres de apartamentos siderales en las poblaciones turísticas. La mujer del César no solo ha de ser decente, sino también parecerlo. Si se actúa con tanta rigurosidad para la defensa del litoral de dominio público, que sea también así para evitar agresiones urbanísticas en los paisajes naturales.
Un desarrollo sostenible contempla una simbiosis perfecta entre el respeto a la naturaleza y satisfacer las obligaciones legales. Aviso a navegantes. Especialmente a quienes nos representan en las instituciones y están llamados a defender nuestros intereses y nuestra convivencia.
