Cinco colegios profesionales de la Comunitat Valenciana han pedido al president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que reconsidere la reorganización de los Servicios Sociales y restituya una conselleria específica para esta materia. Las entidades consideran necesario preservar su autonomía institucional y evitar consecuencias para trabajadores y usuarios.
La petición procede de los colegios oficiales de Trabajo Social de Castellón, València y Alicante, además de los colegios de Educación Social y Psicología de la Comunitat Valenciana. Todos ellos han expresado su preocupación después de que las competencias de la anterior Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia se hayan integrado en una estructura administrativa más amplia tras la salida de Elena Albalat.
Los representantes profesionales sostienen que los Servicios Sociales no deben tratarse como un área secundaria. Los consideran el cuarto pilar del Estado del Bienestar y defienden que una materia de esta dimensión requiere liderazgo político especializado, capacidad presupuestaria, planificación y recursos suficientes.
Los profesionales advierten de una mayor sobrecarga
La situación de los equipos constituye uno de los principales motivos de preocupación. Los colegios aseguran que trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales afrontan actualmente un elevado volumen de trabajo. A ello se suma la atención continuada al impacto social de las emergencias.
Según advierten, perder una representación política exclusivamente centrada en Servicios Sociales puede aumentar esa sobrecarga y dificultar la consolidación de las plantillas. Las entidades apuntan también al riesgo de ralentizar el desarrollo normativo y complicar la relación directa de los profesionales con la Administración autonómica.
La advertencia se plantea en el contexto de la reordenación de las competencias de Servicios Sociales y Justicia dentro de la Generalitat. Los colegios creen que la amplitud de materias reunidas bajo una misma estructura obliga a garantizar de forma expresa la especialización de la política social.
También reclaman protección para las personas usuarias. Entre ellas se encuentran ciudadanos con dependencia, familias cuidadoras, infancia y juventud, personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión o especial vulnerabilidad.
Las entidades temen que cualquier incertidumbre administrativa afecte a la tramitación de la dependencia o a las resoluciones de ayudas. Asimismo, citan la acción concertada y las órdenes de desarrollo normativo entre los ámbitos que deben mantener su funcionamiento sin interrupciones.
Una petición de estabilidad y diálogo al Consell
Los colegios profesionales consideran que la reorganización del Ejecutivo valenciano entra dentro de las competencias de la Generalitat. Sin embargo, advierten de que el cambio no debería traducirse en una pérdida de peso institucional de unas políticas que afectan directamente a miles de ciudadanos.
Por ello, reclaman garantizar la continuidad de los compromisos económicos, las subvenciones y las prestaciones. La petición abarca igualmente las resoluciones de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), el Contrato Programa y la acción concertada.
Además, exigen estabilidad laboral para los profesionales de las tres disciplinas y para los equipos interdisciplinares del sistema público y de la iniciativa social. También solicitan que los colegios mantengan una interlocución fluida con la Administración antes de adoptar nuevas decisiones estructurales.
Las organizaciones recuerdan que buena parte de estas políticas y prestaciones se encuadran en el ámbito de Familia y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, por lo que reclaman que la nueva organización preserve tanto los recursos como la capacidad de planificación a largo plazo.
A juicio de los colegios, las necesidades sociales no se detienen cuando cambia la estructura de un Gobierno. Por ello, piden que la remodelación mantenga las garantías para las personas atendidas y para los equipos profesionales que sostienen diariamente el sistema público valenciano.
«No son un apéndice ni un servicio secundario, sino una estructura pública compleja, técnica y esencial que atiende a miles de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de exclusión o emergencia social», sostienen las entidades.





