La Fiscalía solicita cinco años de prisión para un hombre acusado de atropellar deliberadamente a otro tras una discusión ocurrida en el exterior de un local de ocio de La Vall d’Uixó.
El juicio está señalado para el 28 de septiembre. El escrito del Ministerio Público es provisional y los hechos deberán acreditarse ante el órgano judicial.
Según la acusación, el episodio ocurrió durante la madrugada del 10 de diciembre de 2022. El procesado habría discutido previamente con la víctima antes de abandonar el lugar sobre las 4.45 horas y dirigirse a un Hyundai Tucson que tenía alquilado.
La Fiscalía sostiene que el hombre arrancó el vehículo, se detuvo al final de la calle y, de manera repentina, lo dirigió a gran velocidad contra la víctima. El coche habría llegado a subirse a la acera por la que caminaba el perjudicado antes de atropellarlo.
Una operación de urgencia con riesgo crítico
El herido sufrió lesiones profundas en el muslo y el pie derechos, además de daños en la rodilla, el tobillo y el gemelo. Las heridas necesitaron tratamiento quirúrgico, ortopédico y rehabilitador.
La víctima tardó 258 días en curarse, nueve de ellos considerados de perjuicio grave y otros 249 de perjuicio moderado. El mismo día del atropello tuvo que ser sometida a una intervención urgente cuyo riesgo fue valorado como crítico.
El perjudicado presenta como secuelas trastornos neuróticos, limitaciones en la movilidad del pie, dolor en el talón y un perjuicio estético moderado. La acusación también aprecia una pérdida leve de calidad de vida.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de lesiones cometido mediante la utilización de un instrumento peligroso y pide cinco años de cárcel, inhabilitación para el sufragio pasivo y el pago de las costas.
Más de 38.000 euros por lesiones y secuelas
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama 14.943,48 euros por las lesiones y 23.778,22 euros por las secuelas, además de la cantidad que se determine por las intervenciones quirúrgicas.
El vehículo sufrió daños valorados en 2.382,55 euros. La acusación dirige la responsabilidad civil directa contra la aseguradora y la subsidiaria contra la empresa propietaria del coche en los términos recogidos en el escrito fiscal.
