Con motivo del aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, que se cumple el próximo 14 de diciembre, CCOO PV ha publicado un informe sobre su implantación en la Comunitat Valenciana. En el informe, se constata que el tiempo medio de gestión de los procedimientos de reconocimiento de la dependencia se ha seguido incrementando en los últimos años. Según los datos del sindicato, la demora alcanza actualmente una media de 300 días. Una situación que califican como preocupante, ya que el plazo normativo debería situarse en 180 días.
Desde la organización sindical reclaman que se corrijan tanto los retrasos en la resolución de los expedientes como en la percepción de los cobros. Consideran que estas demoras agravan la situación de las personas más vulnerables.
16.000 personas pendientes de recibir una prestación o servicio
El informe realiza un seguimiento del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), que atiende en el País Valenciano a 183.845 personas con una prestación reconocida. Uno de los principales problemas detectados es la existencia de 16.000 personas que siguen pendientes de recibir una prestación o servicio. Esto sitúa a la Comunitat como la tercera comunidad autónoma con mayor lista de espera. “El Gobierno valenciano muestra una absoluta falta de sensibilidad hacia las personas más vulnerables, pues contamos con una lista de espera desorbitada”, señala Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV.
El sindicato alerta también de la elevada utilización de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que alcanza el 47 % del total. Es preocupante porque tiene un carácter excepcional. Esta cifra sitúa a la Comunitat Valenciana como la segunda autonomía con mayor porcentaje, solo por detrás de Cataluña. Además, está 16 puntos por encima de la media estatal. La autonomía también tiene el mayor número de personas dadas de alta en el convenio especial de la Seguridad Social de cuidadores de personas en situación de dependencia, con 18.578 personas.
El 73 % de los cuidadores son mujeres
El estudio de CCOO PV indica que las mujeres asumen mayoritariamente las tareas de cuidados, con un 73 %. Según advierte el sindicato, esta situación afecta a su vida laboral, social y a su salud. Además, evidencia una falta de profesionalización en la atención a las personas en situación de dependencia.
Esta situación tiene su origen, según el informe, en la insuficiencia de servicios profesionalizados. Se menciona la falta de ayuda a domicilio, teleasistencia avanzada, cuidados terapéuticos o viviendas colaborativas y protegidas. También hay un déficit de recursos públicos de gestión directa en servicios sociales. De todas las prestaciones reconocidas, solo un 2 % de las personas beneficiarias recibe el servicio de ayuda a domicilio. Solo un 5 % obtiene atención residencial, y un 4 % acude a centro de día o de noche. El sindicato considera que estas tasas son muy bajas frente a la media estatal.
Menos de la mitad de la plantilla de Seervicios Sociales tiene contrato indefinido a jornada completa
En el País Valenciano hay 67.730 personas trabajadoras en servicios sociales. De ellas, únicamente un 49,9 % tiene contrato indefinido a jornada completa. CCOO PV reclama seguir incrementando el número de profesionales y mejorar la estabilidad laboral. “Es necesario mejorar las condiciones laborales de un sector altamente precarizado. Lamentamos que la Conselleria de Servicios Sociales haya incumplido los acuerdos de mejora de las condiciones laborales del sector, alcanzados con los sindicatos mayoritarios y las patronales”, afirma la responsable sindical.
Por último, el sindicato reivindica la plena implantación de la Ley de Dependencia en el País Valenciano. También exigen que se garantice la atención completa de la lista de espera y se mejore la calidad de la atención mediante servicios profesionales. Además, urge una planificación que permita generar una red pública suficiente, con un incremento de recursos públicos y profesionalizados. Finalmente, necesitan una mejora de la financiación estatal y autonómica.
