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domingo, enero 25, 2026

La abogacía de Castellón se suma a la protesta nacional por un Pacto en Justicia

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El Colegio de Abogados de Castellón, al igual que el resto de colegios de Abogados de España, ha convocado para el día 28 de junio una concentración en defensa de un Pacto en Justicia.

El Colegio de Abogados de Castellón, al igual que el resto de Colegios de Abogados de España, ha convocado para el día 28 de junio una concentración en defensa de un Pacto en Justicia.

Dicha concentración tendrá lugar el próximo 28 de junio a las 12 horas en el Palacio de Justicia de Castellón.

En un comunicado afirman que «como es perfectamente conocido, el servicio público de justicia es insostenible. Lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, con un manifiesto incumplimiento de servicios mínimos y sin visos de solución próxima».

«Nuestro país se acerca peligrosamente a una situación en la que la justicia no esté garantizada para una amplia mayoría de la población que necesita acudir a los juzgados a reclamar sus derechos cuando ha existido una vulneración de los mismos».

Añaden que «los poderes públicos han sido desbordados y nuestros gobernantes se muestran incapaces de resolver una situación calamitosa en el servicio público de justicia».

En concreto, el Colegio de Abogados explican que «en Castellón se están produciendo demoras en los juzgados que conducen a que los trabajadores no puedan recibir los salarios que les son debidos, indemnizaciones por invalidez y demás prestaciones; que las víctimas de violencia contra la mujer no reciban las pensiones por alimentos a las que tienen derecho y se pospongan las visitas a menores y que las empresas se vean perjudicadas al no poder resolver sus litigios conduciendo a muchas de ellas a la quiebra. Esta es la cruda realidad en nuestra provincia».

Las sucesivas huelgas de los distintos colectivos han paralizado la administración de justicia sin que el “empresario”, en este caso el Ministerio de Justicia, se haya sentado con verdadera voluntad de negociar, como lo hubiere exigido de tratarse de un conflicto entre una empresa privada que prestase un servicio esencial y sus trabajadores. «Esta situación tiene un efecto demoledor en la ciudadanía que conduce a que no pueda confiar en el Estado para que resuelva sus problemas y sea el garante de sus derechos fundamentales».

«Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado».


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