La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha remitido un escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana mediante el cual solicita la ampliación del plazo de ejecución de la Zona de Bajas Emisiones por un periodo de 12 meses, esto es hasta diciembre de 2025, tal y como se comprometió con los castellonenses antes de ser alcaldesa.
“Es nuestro compromiso seguir transformando Castellón para que sea una ciudad más sostenible y accesible siempre contando con la opinión de los castellonenses. Disponer de más tiempo nos permitirá activar un proceso de participación ciudadana, al tiempo que implementamos medidas para redirigir el proyecto sin perder el dinero de Europa”, ha señalado la primera edil.
Entre las causas que se alegan desde el Ayuntamiento para justificar la solicitud está la complejidad y gran envergadura de los expedientes de contratación que ha originado que el procedimiento de evaluación de las plicas de los licitadores haya sido efectuado por varios técnicos municipales con el fin de conseguir una mayor transparencia. Todo ello ha originado retrasos en el tiempo previsto de evaluación de las ofertas.
Otra de las causas es haber tenido que adaptar el contrato a la nueva normativa que ha ido surgiendo y, en tercer lugar, la celebración de las elecciones municipales, el pasado 28 de mayo, con la entrada el 17 de junio del nuevo gobierno municipal que ha tenido que conocer a fondo el proyecto heredado antes de tomar decisiones sobre lo que se han encontrado hecho.
“No compartimos el proyecto de Zona de Bajas Emisiones o ‘Superalmendra’, heredado del anterior gobierno, que prevé el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de superficie urbana, dejando solo fuera las rondas. Por eso, desde que entramos en el Ayuntamiento ha sido una prioridad reenfocarlo para que un proyecto que se supone bueno para la ciudad, no suponga un perjuicio para una gran mayoría de vecinos, poniendo en riesgo al comercio local, la hostelería y vecinos en general que han manifestado estar en contra”, insiste.
La normativa europea que obliga a implantar una zona de bajas emisiones no dice ni cuántos metros de superficie ha de tener, ni dónde ha de ser y ahí es donde se está trabajando.
La alcaldesa, junto al concejal de urbanismo, Sergio Toledo, y de movilidad, Cristian Ramírez, mantienen reuniones continuas con la directora de la oficina de planificación y proyección económica, Carmen Vilanova, y técnicos encargados para avanzar en un proyecto alternativo, “sin renunciar a la financiación europea”, apunta Carrasco.
De este modo la alcaldesa recuerda que “seguimos estudiando la calidad del aire y es nuestra voluntad abrir un proceso de participación ciudadana para hacer a los castellonenses protagonistas del nuevo proyecto. No queremos hacer nada que vaya en contra de los intereses de Castellón”.
