Castelló de la Plana es una de las 33 ciudades que el Defensor del Pueblo está investigando en relación a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones. Una medida que trata de regular las emisiones de CO2 en ciudades de más de 50.000 habitantes, de obligatorio cumplimiento antes de 2024 y que en la inmensa mayoría de los casos implica variación del tráfico rodado y restricciones puntuales además de otras remodelaciones.
De hecho, en el caso de Castelló hace poco se presentaba el replanteamiento de todo el proyecto iniciado ya por el anterior equipo de gobierno, con las modificaciones que el actual ayuntamiento había efectuado, y al parecer es precisamente por eso, por esta modificación por lo que la capital de la Plana, pese a haber iniciado ya los trabajos en la parte norte, está también dentro de las 8 ciudades a las que se les apremia o se les observa por la modificación de lo planteado inicialmente, según apunta la información facilitada por el Defensor del Pueblo.
De hecho, los trabajos de remodelación empezaron hace pocas semanas en el Raval de San Félix. Además, por otra parte, el responsable de urbanismo del ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, aseguraba este jueves en declaraciones a una emisora radiofónica, que no tenía constancia de que el consistorio hubiese recibido ninguna advertencia al respecto.
