El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha expresado su confianza en que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Senado para clarificar el marco legal que permita el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente pueda prosperar. Espera que sea debatida en el Congreso de los Diputados.
Desde el consistorio de la capital de la Plana Baixa consideran que la ocupación ilegal de viviendas es una problemática que afecta de forma directa a la convivencia vecinal. También a la seguridad jurídica de los propietarios y a la tranquilidad de muchas familias. Por lo tanto, defienden la necesidad de que las administraciones cuenten con herramientas legales claras y eficaces para actuar ante este tipo de situaciones.
La propuesta aprobada en la Cámara Alta pretende evitar que los propietarios de inmuebles ocupados de manera ilegal se vean obligados a mantener y sufragar suministros como agua, luz o gas. Esto refuerza así su seguridad jurídica. El texto se apoya en criterios judiciales ya existentes que avalan este tipo de medidas en supuestos de usurpación o allanamiento.
Medidas municipales contra la ocupación ilegal
En paralelo al debate legislativo, el Ayuntamiento de Burriana asegura que está impulsando medidas disuasorias y preventivas frente a la ocupación ilegal en el municipio. Entre ellas, destaca la creación, a principios de 2024, de la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación. Este es un servicio municipal de apoyo a propietarios afectados.
Esta unidad, supervisada por un oficial de la Policía Local, ofrece asesoramiento a vecinos que han sido víctimas de usurpación, allanamiento o de impagos reiterados de rentas. Estas situaciones pueden derivar en el fenómeno conocido como “inquiokupa”.
Además, el servicio presta orientación preventiva a aquellas personas preocupadas por una posible ocupación de su vivienda. Ofrece recomendaciones y estrategias para evitar este tipo de conductas.
Llamamiento a un debate parlamentario claro
El alcalde ha subrayado la importancia de que el debate parlamentario sobre esta iniciativa pueda desarrollarse con normalidad. Considera que avanzar hacia un marco normativo más claro ayudaría a los ayuntamientos, a los cuerpos de seguridad y a la ciudadanía. Esto permitiría afrontar un problema que, según el consistorio, genera preocupación e incertidumbre entre los vecinos.
