El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado que solicitará formalmente su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación (Red MAO) a través del próximo pleno municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y avanzar en una respuesta coordinada frente a la ocupación ilegal de viviendas. Esta red, aprobada por el Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), pretende servir como foro de debate, análisis y consulta entre ayuntamientos para dimensionar el problema y promover soluciones eficaces desde el ámbito local.
La iniciativa parte de la constatación de que la regulación normativa actual no ofrece respuestas rápidas ni eficaces, lo que está teniendo un impacto directo en el mercado de la vivienda. Según los datos expuestos por el consistorio, una de cada cuatro viviendas vacías no se ofrece en alquiler por el temor de los propietarios a sufrir situaciones de ocupación o inquiokupación, un factor que agrava la crisis de acceso a la vivienda.
Impacto social y presión sobre los servicios municipales
Desde el Ayuntamiento de Burriana subrayan que la ocupación ilegal de viviendas genera alarma social, conflictos de convivencia y una presión creciente sobre las áreas municipales de vivienda, seguridad ciudadana y servicios sociales. El alcalde, Jorge Monferrer, ha señalado que “frente a la falta de agilidad de la justicia, el infractor sabe que su actuación no tiene consecuencias o son tardías, mientras el propietario que contaba con un complemento de ingresos debe hacer frente a gastos como luz, agua o tasas, lo que puede suponer una auténtica asfixia económica”.
El primer edil ha insistido en que la okupación ilegal de viviendas afecta de forma directa a la convivencia vecinal, a la tranquilidad de muchas familias y a la seguridad jurídica de los propietarios, por lo que considera imprescindible que las administraciones dispongan de herramientas legales claras y eficaces para actuar ante estas situaciones.
Medidas municipales ya en marcha
En este contexto, el consistorio recuerda que Burriana ha puesto en marcha medidas disuasorias y preventivas para hacer frente a estas conductas. Entre ellas, destaca la creación a principios de 2024 de la Unidad de Atención Ciudadana contra la Ocupación, una oficina de apoyo a propietarios afectados que está supervisada por un oficial de la Policía Local.
Este servicio asesora a vecinos que han sido víctimas de usurpación, allanamiento o impago continuado de rentas, así como a quienes temen que su vivienda pueda ser ocupada, ofreciendo orientación preventiva y estrategias para evitar ocupaciones.
Expectativas ante cambios legislativos
Asimismo, Monferrer ha manifestado su confianza en que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Senado, que plantea “clarificar el marco legal para permitir el corte de suministros básicos en viviendas ocupadas ilegalmente”, pueda avanzar y ser debatida en el Congreso de los Diputados. Esta propuesta, respaldada por criterios judiciales ya existentes, busca evitar que los propietarios se vean obligados a mantener y sufragar servicios como agua, luz o gas en inmuebles ocupados de forma ilegal, reforzando así su seguridad jurídica.
