Son muchos quienes le han visto por Castellón en las últimas semanas. Maloliente, semidesnudo a veces, tirado dentro de un cajero, caminado errático medio enrollado en una sábana hospitalaria con olor a heces o simplemente tendido. Es un hombre, no demasiado mayor, y por el que la Policía ha llegado a recibir hasta quince llamadas diarias, en el último mes, de personas que pedían que “hicieran algo”.
El problema, en este caso, está siendo averiguar ¿qué se puede hacer?. Según las informaciones a las que ha tenido acceso Actualitat Valenciana, pese a que las intervenciones de los agentes han sido numerosas y que el citado individuo ha sido atendido en múltiples ocasiones en centros sanitarios, su situación ha puesto en evidencia los insólitos vacíos legales que a veces se dan.
Este es uno de esos problemas “molestos” socialmente que únicamente se plantean cuando pasan cerca o sobrepasan aquello que se entiende como aceptable. Una suerte de perturbador bucle administrativo-legal-ético-médico y judicial, en última instancia, que provoca cierto grado de incomodidad o de frustración a quienes buscan resolverlo.
Los informes policiales que ya en agosto daban cuenta de estas intervenciones, en referencia a este acoso apuntan: “…se encuentra tumbado en la vía pública con sus necesidades fisiológicas hechas encima y en muchas ocasiones completamente desnudo, estando en diversas ocasiones en zonas que frecuentan menores”.
Al parecer, se trata de una persona con “importantes patologías médicas y psiquiátricas” y pese a que la Policía ha contactado con instituciones sociales y médicas, se han agotado todas las vías porque, de momento, no parece existir solución viable y la situación se hace crónica.
Aumentan los avisos a los cuerpos de seguridad y las escenas cada vez más grotescas se van repitiendo. Uno de los últimos capítulos se produjo en las escaleras de la subdelegación del gobierno donde al parecer, defecó.
Una vez más, hubo intervención policial. Otra de las tantas en las que se le ha conducido a algún servicio médico para ser atendido y del que horas después ha salido ya que, legalmente, nada se lo impide.
Un paciente de salud mental con voluntad de decir ‘no’
En cuanto a su filiación y sus circunstancias, se sabe que está empadronado en Barcelona, se conoce su situación como paciente con trastornos graves de salud mental, y se tiene constancia de los centros donde ha recibido y recibe tratamiento.
Con todas estas informaciones y en contacto ya con los servicios pertinentes de Catalunya, los centros receptores aceptan atenderlo como paciente, sin embargo, el problema es su traslado. Tiene que ser desde Castellón, donde se encuentra ahora y “de manera voluntaria”, algo a lo cual se niega insistentemente y frente a lo que nadie puede actuar, puesto que no se encuentra incapacitado. Por tanto, aunque se le facilitara transporte sanitario, sería necesario su consentimiento.
De no ser así, la única vía posible sería establecer esta medida de manera forzosa, es decir impuesta judicialmente. Algo para lo que se requeriría un proceso previo de valoración por los especialistas con la posterior remisión al juzgado de ese informe y la consecuente decisión judicial.
Hasta ahora, esto no había sido posible pero finalmente, este lunes 11 de septiembre, se ha logrado que se abran diligencias previas. El juzgado número 5 de Castellón, ha emitido una “orden de valoración”, algo que establecería la obligatoriedad de su ingreso “para ser valorado“, según explicaron fuentes sanitarias del servicio de salud mental del Hospital Provincial de Castellón, a los agentes policiales. Sin embargo, este martes, el mismo individuo volvía a ser visto otra vez por Castellón.
¿De quién es competencia?
Todo este asunto, para el que algunas personas han contactado con los medios de comunicación, pidiendo que se evidenciaran las complejas trabas que implican estas circunstancias, ha generado ya muchas preguntas. La primera es de quién es competencia “el problema”.
Pues bien, por una parte, compete a la Policia Local, porque ocurre dentro del término municipal, y también incluye a la Policía Nacional, por la misma razón de territorialidad. De hecho, ambos cuerpos han acudido a muchos de los avisos de la ciudadanía.
En cuanto a la Policía Autonómica, tampoco hay que olvidar que tiene como competencia residual, “resolver conflictos privados y ayudar a las personas”, por tanto, según esto también le podría corresponder.
Por otro lado, obviamente, es también competencia de los Servicios Sociales, tanto los del ayuntamiento, delegados, como los de la Conselleria.
A la vez, también implica a la Conselleria de Sanidad, puesto que tiene una enfermedad mental diagnosticada, y de manera más específica, en este caso, al Hospital Provincial, como centro de referencia en enfermedades mentales.
En cuanto a la parte judicial, queda clara su intervención puesto que la inhabilitación o la orden de ingreso forzoso o valoración, le corresponde a un juez. Además también aquí Fiscalia tiene como obligación velar por los derechos de las personas y es parte importante en los procesos de incapacitación.
En resumen, toda una serie de circunstancias que quizás pueden hacer olvidar que la mayoría de casos que afectan a la salud mental se pueden tratar con una medicación ambulatoria y un seguimiento regular. Sin embargo, en ocasiones como estas, se visibiliza que cuando el enfermo es mayor de edad y no esta incapacitado es libre para tomarse o no la medicación y libre por tanto de acudir a los seguimientos.
Por eso, aunque estas circunstancias sean viables cuando esa persona tiene alrededor una red socio-familiar de soporte, cuando esa “red” no existe, se puede generar el problema, y cuando este se visibiliza socialmente, y surgen episodios puntuales de “alteraciones” de esta índole, actúan Policía y servicios sanitarios que le atienden y le suministran la medicación pertinente si es lo aconsejable. Es decir, una actuación que sí que da respuesta inmediata, pero que a a la larga no es más que un parche provisional que no soluciona el problema base.
En oros casos, cuando se trata de ingresos forzados y existe resolución judicial firme, si el paciente desaparece del centro donde debe estar ingresado, se activan los protocolos y en este punto actúan los efectivos de seguridad.
Los especialistas ante los ingresos involuntarios
Por último y más allá de todo el problema social que pueda suponer por el quebranto y casi la alarma en la opinión pública local, no hay que olvidar que todo esto enmascara el silencio tácito que envuelve y siguen envolviendo los aspectos vinculados a problemas de salud mental y a la ‘etiqueta’, demasiadas veces tatuada ya, que suponen.
Especialistas de estas áreas consultados por Actualitat Valenciana, recuerdan de que ante comportamientos extraños o extravagantes siempre hay que realizar una evaluación para determinar si la persona tiene problemas físicos u orgánicos, ya que no necesariamente tienen que obedecer a trastornos mentales.
En el caso de que se descarte un cuadro orgánico y se concluya que el paciente tiene un trastorno mental se le prescribe el tratamiento adecuado. El ingreso en una unidad de hospitalización de salud mental se realiza exclusivamente bajo criterios médicos, cuando el especialista considera que la persona presenta una psicopatología aguda.
Los ingresos involuntarios únicamente se llevan a cabo cuando el especialista en psiquiatría constata que el paciente sufre una merma de su capacidad cognitiva, volitiva y de juicio”, añaden las mismas fuentes.
