La Audiencia Provincial de Castellón ha acordado reabrir la investigación judicial relacionada con el impago de más de un centenar de multas de la zona azul vinculadas al concejal del Partido Popular Cristian Ramírez, actual responsable del área de Movilidad en el Ayuntamiento de Castelló.
El auto del tribunal revoca la decisión previa de archivo y ordena al juzgado instructor practicar nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias en las que prescribieron las sanciones, al considerar que los hechos no pueden darse por aclarados en este momento.
La Audiencia Provincial señala la necesidad de profundizar en la investigación para determinar si la desaparición de las multas pudo producirse de forma irregular, teniendo en cuenta además la condición del investigado como concejal responsable del área de Movilidad y del servicio de estacionamiento regulado.
De esas 167 multas, pagó la sanción en tiempo y forma en las máquinas de la zona azul 33, por lo que quedaron 134 sin abonar.
Tras la denuncia de estos hechos por parte del Partido Socialista en el pleno del 31 de enero de 2024, hace ahora 2 años, “el señor Ramírez, como dijo públicamente el portavoz del PP, Vicent Sales, fue esa misma tarde a pagar un total de 29 multas, de las que 20 correspondían a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y nueve a 2023, “ya cuando Ramírez ejercía las funciones de concejal”, ha recordado Puerta.
Ramírez negó tener más multas, “pero si asumiésemos que abonó esas 29 sanciones tras nuestra denuncia, tenía sin pagar unas 125 pues 20 de ellas eran de años anteriores a la época denunciada por el PSPV”.
De hecho, hasta la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Policía Nacional, en un informe remitido al juzgado que decidió sobreseer el caso, “dio a conocer el llamativo hecho de que todas estas sanciones no se abonaron porque prescribieron.
Es decir, “que a cualquier vecino y vecino de Castelló le embargan sus nóminas si no pagan una multa, pero al señor Ramírez, de forma mágica, no le embargaron por tener multas pendientes de pago desde 2019 y, encima, no le notificaron 125 sanciones presuntamente sin pagar en 2023”.
Reacciones políticas
Tras conocerse la decisión judicial, Compromís per Castelló ha reclamado responsabilidades políticas. El portavoz del grupo municipal, Ignasi Garcia, ha afirmado que “Begoña Carrasco no puede mantener ni un minuto más como concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón al señor Cristian Ramírez, a quien no ha dejado de defender desde que se conoció el escándalo de que no pagaba las multas de la zona azul”.
Garcia ha añadido que “al final, lo que está pidiendo la Audiencia Provincial de Castellón es lo mismo que pedía Compromís: que la señora Carrasco aclare cómo es posible que a concejales del PP les desaparezcan las multas, y es mejor saberlo por ella antes que por una sentencia judicial”.
Desde Compromís consideran que la reapertura de la investigación refuerza la necesidad de explicaciones por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, en relación con la continuidad de Ramírez al frente del área de Movilidad mientras la causa sigue abierta.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Puerta, y el edil del PSPV Jorge Ribes, que denunció estos hechos en el pleno de enero de 2024, consideran que este auto judicial “abre un nuevo escenario político que afecta, no solo al concejal de Movilidad, sino también a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha defendido continuamente a Ramírez.
“Hoy queda claro que no se trataba de un error menor ni de un asunto cerrado, como quiso hacer creer la alcaldesa, sino de unos hechos que requieren una investigación judicial en profundidad”, han subrayado.
