La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, y el exdirector general de Urbanismo y actual concejal de Onda, Vicente García Nebot, se encuentran en el centro de un importante contencioso-administrativo. Este lunes, ambos han sido citados ante la Audiencia Provincial de Castellón, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, tras ser denunciados por presunto acoso a una funcionaria del Ayuntamiento de Almenara.
La demandante, María Paloma Sanz, ex secretaria del Ayuntamiento, alega haber sufrido “acoso moral” durante su etapa en el consistorio, lo que le provocó serios problemas de salud. Esta situación, según su testimonio, le obligó a tomar una baja médica de más de un año entre 2019 y 2020. Como resultado, Sanz está solicitando una indemnización de 400.000 euros.
En su denuncia, Sanz describe haber enfrentado numerosos obstáculos para ejercer sus funciones, además de haber sido objeto de humillaciones, desprecio y burlas. En el procedimiento que se lleva a cabo, además de Pérez y García Nebot, están citadas otras cuatro personas vinculadas con el Ayuntamiento de Almenara, así como once testigos convocados por la parte demandante.
Las acusaciones que enfrentan la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, y el exdirector general de Urbanismo de la Generalitat, Vicente García Nebot, son de una gravedad considerable. La funcionaria del Ayuntamiento de Almenara, María Paloma Sanz, ha detallado en su denuncia una serie de conductas que configuran un escenario de acoso laboral y moral extremadamente serio.
Entre las acusaciones se incluye el acoso moral, una práctica que va más allá de la mera intimidación, afectando profundamente la dignidad y la salud mental de la víctima. Además, se señala la usurpación de funciones, donde se habrían nombrado a terceras personas para realizar tareas que correspondían a Sanz, socavando su autoridad y rol dentro del ayuntamiento.
Otro aspecto crítico de la denuncia es la creación de condiciones de trabajo inaceptables, en las que se alega que otros empleados del ayuntamiento entorpecían deliberadamente el trabajo de Sanz. Este tipo de hostigamiento sistemático y planificado, tenía presuntamente como objetivo desmoralizarla y dificultar su desempeño laboral.
Además, se menciona el daño a la integridad moral de Sanz, incluyendo la difusión de datos personales sobre su salud, una violación grave de su privacidad y derechos. La retención y manipulación de la comunicación y la información también forman parte de las acusaciones, lo que indica un presunto esfuerzo por aislar y desinformar a la funcionaria.
La valoración ofensiva de su trabajo y las actuaciones de menosprecio profesional y personal completan el cuadro de acusaciones, pintando un panorama de hostigamiento y abuso de poder. Estas acusaciones, de ser probadas, no solo afectarían la carrera política y reputación de los acusados, sino que también destacarían serias deficiencias en la cultura laboral y de respeto dentro del Ayuntamiento de Almenara.
