El hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, Francis Puig, se enfrenta a una acusación formal de la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuye un presunto fraude en el uso de subvenciones públicas y solicita una pena de cuatro años de prisión.
La investigación judicial abarca también a su socio, para quien se pide una condena de tres años. Ambos deben afrontar, además, el pago conjunto de casi 75.000 euros en concepto de indemnización a las administraciones afectadas.
Subvenciones públicas bajo sospecha
La causa penal se basa en la gestión de varias productoras que, entre 2015 y 2019, habrían recibido fondos de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Catalunya.
Las ayudas estaban destinadas a impulsar contenidos en valenciano y catalán a través de medios audiovisuales y prensa local. Sin embargo, según el Ministerio Fiscal, buena parte de la documentación aportada por los acusados contiene facturación irregular, duplicada o no justificada.
Esquema de facturación entre empresas vinculadas
El análisis contable revela la utilización de empresas relacionadas entre sí para simular gastos con el fin de obtener más fondos de los que correspondían.
Las facturas presentan conceptos genéricos, precios incoherentes y, en algunos casos, fechas incompatibles con los periodos subvencionables. También se detectaron pagos entre sociedades que compartían socios o administradores.
Señales de una operativa simulada
Entre las pruebas aportadas, destacan documentos emitidos desde empresas con domicilios inexistentes o con objetos sociales idénticos, lo que lleva a los investigadores a considerar que se trataba de estructuras creadas exclusivamente para canalizar subvenciones.
Parte del material facturado incluía servicios editoriales o radiofónicos difícilmente verificables, así como alquileres vinculados a propiedades familiares sin justificación adecuada.
