Los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas recogen una autorización al AVE para reanudar la marcha antes del accidente de Urda. En otras conversaciones, la conductora del Iryo informa de problemas con el sistema de seguridad y confirma que sigue detenida. El choque del miércoles deja al menos 69 fallecidos y 50 heridos, según el balance provisional comunicado hacia las 20.00 horas de ayer.
España inicia este jueves, 29 de octubre, tres días de luto oficial mientras avanza la investigación. La identificación de las víctimas está prevista desde hoy y los equipos continúan trabajando entre los vagones. Las pesquisas deberán aclarar por qué se autorizó la circulación y por qué no se corrigió la decisión antes del impacto.
Los audios recogen la orden de circular con normalidad
Según las grabaciones a las que ha accedido EFE, un trabajador del centro de control de Adif en Atocha contactó con el AVE a las 8.36 horas del miércoles. Le indicó que desconectara y volviera a conectar el sistema de seguridad LZB, que había sufrido una caída. Después le pidió continuar bajo el Bloqueo de Señalización Lateral, con «marcha normal».
El maquinista repitió las instrucciones para confirmar su recepción. En otra conversación, cuya hora no se distingue, la conductora del Iryo explicó que el tren no le permitía reiniciar el LZB. Por ese motivo, permanecía detenida en la señal de entrada de Urda.
El operador le respondió que volviera a llamar si persistían los problemas. Después trasladó a sus compañeros las dificultades del equipo. Otra llamada recoge una pérdida de transmisión y la confirmación de que el Iryo estaba detenido. La secuencia incluye nuevas indicaciones para desconectar y conectar el sistema.
Puente cuestiona la autorización y explica la secuencia del choque
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció el miércoles desde el centro de control de Atocha. Calificó el accidente de «verdaderamente inverosímil» y consideró inexplicable que se permitiera al AVE continuar con normalidad. Otro convoy permanecía detenido delante y había una señal roja.
Según su reconstrucción, un problema de comunicación entre ordenadores dejó sin funcionar el LZB hacia las 8.30 horas. La incidencia afectó a unos 69 kilómetros de la línea Madrid-Andalucía. La protección automática detuvo los trenes afectados, que podían ser seis, según la estimación provisional del ministro.
Puente sostuvo que el sistema actuó inicialmente como estaba previsto. Después, el centro de control asumió la gestión de la circulación. Recordó que existen protocolos para mantener la seguridad durante estas averías y que el fallo informático no debía desembocar en una colisión.
El ministro explicó que, cuando procede autorizar el movimiento en esas circunstancias, se contempla la marcha a la vista. Este régimen limita la velocidad a 40 kilómetros por hora y exige poder detenerse ante cualquier obstáculo. También relató que otro maquinista corrigió una instrucción similar y el operador rectificó.
El AVE avanzó aproximadamente 25 kilómetros durante 17 minutos antes de alcanzar al Iryo hacia las 8.53 horas. El impacto ocurrió junto a la estación de Urda, a la altura del kilómetro 118. La velocidad exacta sigue sin determinarse. Puente indicó que el tramo permite alcanzar los 200 kilómetros por hora, pero no confirmó esa velocidad en el accidente.
Según el ministro, las posiciones de los trenes permanecían visibles y hubo tiempo para corregir la autorización. No obstante, evitó atribuir responsabilidades individuales. La investigación deberá establecer por qué se dio la orden y por qué no se rectificó.
La jueza protege las pruebas y ordena custodiar las cajas negras
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz dirige la causa. Ha decretado el secreto de las actuaciones y ordenado incautar y custodiar las cajas negras que se localicen. También solicita información sobre el personal encargado del control de mando y los protocolos aplicados.
Las diligencias abarcan las actuaciones anteriores al accidente, el momento del impacto y los minutos posteriores. La jueza ha restringido el acceso de personas ajenas al operativo a menos de dos kilómetros de la vía afectada. Solo autoriza a equipos de seguridad, salvamento, sanidad y personal judicial.
La resolución también prohíbe retirar elementos y tomar o difundir imágenes para preservar las evidencias. Mientras, la Guardia Civil ha continuado durante la madrugada buscando posibles víctimas en los vagones más dañados. El dispositivo emplea maquinaria pesada y drones con sensores térmicos.
Ambos trenes viajaban de Madrid a Sevilla y transportaban a más de 500 personas en conjunto. Varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida. Renfe ha habilitado asistencia, cambios y anulaciones gratuitos para los afectados.
Las familias esperan las identificaciones
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido 52 cuerpos, según el Centro Integrado de Datos. Otros dos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real. Proceden de los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan, donde habían ingresado como heridos.
Las oficinas de las comandancias de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla han recogido 29 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos. El desglose comunicado sitúa trece en Madrid, nueve en Toledo y siete en Sevilla. Los datos servirán para los cotejos de identificación.
La Casa Sacerdotal de Toledo ha acogido durante la noche a 59 familiares y trece integrantes del dispositivo, 72 personas en total. El Congreso, distintos parlamentos autonómicos y universidades han convocado minutos de silencio. Pedro Sánchez tiene prevista una nueva visita este jueves, tras acudir el miércoles, y Alberto Núñez Feijóo también ha anunciado su desplazamiento.
SOS Desaparecidos
SOS Desaparecidos ha pedido retirar de las redes sociales las fotografías y alertas de búsqueda relacionadas con el accidente ferroviario de Toledo cuando ya se haya confirmado oficialmente la localización o situación de la persona. La entidad reclama evitar que esos mensajes sigan circulando para respetar la privacidad, la intimidad y el dolor de las familias afectadas.





