El Colegio de Abogados de Castellón, junto con el resto de los 83 colegios de Abogados de España se han concentrado este miércoles en Castelló para reclamar un Pacto en Justicia tras las elecciones del 23J “para reactivar de forma inmediata el servicio y medidas urgentes para solventar los retrasos acumulados por las huelgas”.
El presidente del colegio de abogados, Manuel Mata, ha advertido en la lectura del manifiesto “como es perfectamente conocido, el servicio público de justicia es insostenible. Lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, con un manifiesto incumplimiento de servicios mínimos y sin visos de solución próxima”.
En el manifiesto, ha destacado que “nuestro país se acerca peligrosamente a una situación en la que la justicia no esté garantizada para una amplia mayoría de la población que necesita acudir a los juzgados a reclamar sus derechos cuando ha existido una vulneración de estos”. “Los poderes públicos han sido desbordados y nuestros gobernantes se muestran incapaces de resolver una situación calamitosa en el servicio público de justicia”, ha seguido.
Asimismo, ha señalado que “en Castellón se están produciendo demoras en los juzgados que conducen a que los trabajadores no puedan recibir los salarios que les son debidos, indemnizaciones por invalidez y demás prestaciones; que las víctimas de violencia contra la mujer no reciban las pensiones por alimentos a las que tienen derecho y se pospongan las visitas a menores y que las empresas se vean perjudicadas al no poder resolver sus litigios conduciendo a muchas de ellas a la quiebra. Esta es la cruda realidad en nuestra provincia”.
También ha tenido palabras para explicar que la administración de justicia se ha visto paralizada sin que el “empresario”, en este caso el Ministerio de Justicia, “se haya sentado con verdadera voluntad de negociar, como lo hubiere exigido de tratarse de un conflicto entre una empresa privada que prestase un servicio esencial y sus trabajadores. Esta situación tiene un efecto demoledor en la ciudadanía que conduce a que no pueda confiar en el Estado para que resuelva sus problemas y garantice el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Los abogados, junto con procuradores y graduados sociales “que nos acompañan, somos los garantes de la Justicia en nuestro país, defendemos a la ciudadanía cuando ve vulnerados sus derechos y debe acudir a los tribunales. Una abogacía fuerte, unida y comprometida es una exigencia ineludible si queremos un Estado de Derecho que funcione”.
“Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado”, ha recordado.
El Colegio de Abogados de Castellón reclama “un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados”.
Además, de “un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura”, ha finalizado.
