El mismo día en que se han hecho públicos los datos de la EPA y la CEV realiza una valoración positiva de las cifras, el empresariado valenciano aprovecha para recuperar el tema de la reducción de jornada, que plantea el Acuerdo PSOE-Sumar y alerta del impacto económico que podría suponer.
Además, por otro lado pero prácticamente en sincronía paralela, desde el Gobierno Valenciano y en la sesión de control de las Corts de este jueves, el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, anuncia que eliminará las ayudas que se daban a la empresa privada para establecer estas reducciones de jornada. Sus razones apelan a la «falta de interés por las empresas».
Con todo, y pese a que el análisis de la Confederación Valenciana no es del todo negativo, aunque manifiesta su preocupación por algunos sectores como el manufacturero que rompen la tendencia a la baja del desempleo, el empresariado advierte de lo que podría llevar consigo la materialización de la reducción de jornada.
Aseguran que «teniendo en cuenta la ralentización de la economía en su conjunto, tanto regional como nacional y global», existe una «preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la actividad productiva y el empleo la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, sin reducción salarial, incluida en el Acuerdo PSOE-Sumar«.
«El número máximo de horas a trabajar en una semana laboral debe quedar en manos de los convenios laborales o acuerdos entre empresa y trabajador, de forma que sea posible adaptar los ritmos de actividad», advierten en un comunicado.
«Además de efectos negativos sobre la productividad y la competitividad de las diferentes ramas y empresas en el sector privado, la propuesta de reducir la jornada laboral, lejos de crear más empleo, supondría incidir todavía más en el aumento de costes que no todas las empresas pueden asumir«, se lamentan en el mismo escrito.
«No es una medida que pueda aplicarse de forma uniforme en el conjunto del tejido empresarial. Decir lo contrario es populista e irresponsable. Como también lo es anunciar una medida de este calado sin tener en cuenta la opinión de los agentes sociales, poniendo en jaque el diálogo social», concluyen.
