Conseguir transitar por el centro de la capital de La Plana sin temor a ser multado es hoy por hoy imposible para la mayoría de la ciudadanía . Al menos, de momento, ya que según el portavoz del equipo de gobierno en el ayuntamiento de Castelló, Vicente Sales, se está buscando una «solución técnica» para no perder la financiación recibida para la instalación de estas cámaras. Una acción tremendamente criticado por el PP desde la oposición en el anterior mandato y que se enmarca dentro de los planes europeos y de los Fondos que buscan reducir las emisiones de CO2 en los centros históricos con la eliminación del tráfico rodado.
Es decir, apagar las cámaras y por tanto dejarlas sin la función para la que fueron concebidas, registrar las matrículas y verificar si ese vehículo tiene permiso de acceso, saldría caro. De hecho, se le podría reclamar al consistorio la devolución del dinero concedido.
Bajo esta premisa, vinculada al cumplimiento de la normativa europea que regula esa reducción de las emisiones, el actual gobierno está buscando la fórmula para conjugar el fin demandado fin de las multas, sin llenar de nuevo el centro de vehículos.
«Hay que ver como se puede hacer esto con la máxima seguridad jurídica sin que afecte a la recepción de fondos europeos vinculados a estas medidas», ha explicado Sales, quien también ha añadido que el hecho de mantener las polémicas cámaras encendidas sin definir una función determinada, tampoco es viable a priori, recordando que por razones legales «no puede haber cámaras de forma indiscriminada».
Suben las multas: «Efecto llamada» o «broma de mal gusto»
Por otro lado, y en el Pleno del ayuntamiento de Castellón, correspondiente al mes de agosto pero celebrado hoy, el portavoz de Compromís, Ignasi García, ha acusado al actual equipo de gobierno y a la alcaldesa de haber creado un «efecto llamada» de entrada del tráfico rodado al centro de Castellón, en referencia a la promesa electoral de Begoña Carrasco de «apagar las cámaras» y dejar de multar.
Un hecho que García le ha afeado desde el atril, esgrimiendo además que las sanciones habían pasado «de 1600 a 5000″ precisamente porque los vecinos habían confiado en su palabra.
Esta intervención ha sido calificada por Sales de «broma de mal gusto» refiriéndose que eran quienes acusaban los que durante su mandato en coordinación con el PSPV, habían implementado esta medida sancionadora.
