Las amenazas de muerte que recibió Carlos Mazón en redes sociales después de la DANA de 2024 continúan su recorrido judicial. Un magistrado de Valencia ha acordado avanzar en el procedimiento penal abierto por cuatro publicaciones que contenían referencias a bombas lapa, explosivos y disparos en la nuca. Estos mensajes estaban dirigidos contra quien entonces presidía la Generalitat Valenciana.
La decisión judicial afecta a una profesora e investigadora de la Universitat de València, vinculada al ámbito biomédico. A esta persona, la Policía Nacional le atribuye provisionalmente la utilización del perfil desde el que se difundieron las amenazas. Por otro lado, la mujer niega ser la autora de los mensajes.
El auto, dictado el 5 de octubre por el magistrado Jorge Martínez Ribera, establece que los hechos investigados podrían constituir un delito de amenazas. La causa continuará mediante el procedimiento abreviado, una fase que permite a las acusaciones solicitar la apertura de juicio oral.
Carlos Mazón ha optado por personarse como acusación particular para ejercer directamente las acciones judiciales que le corresponden como perjudicado.
Las publicaciones contra Mazón mencionaban explosivos y armas de fuego
El origen de la investigación se encuentra en cuatro mensajes publicados el 27 de abril de 2025 desde una cuenta de X que utilizaba el pseudónimo John Clarence Woods.
Las publicaciones aparecieron vinculadas a intervenciones del entonces president de la Generalitat en la misma red social. Su contenido incluía expresiones violentas y referencias a procedimientos utilizados históricamente por organizaciones terroristas.
Una de las amenazas afirmaba: ‘Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día pueda ser el último’.
En otra intervención, el usuario defendía la utilización de la violencia hasta sus últimas consecuencias contra Mazón. Un tercer mensaje mencionaba la posibilidad de colocar 20 kilogramos de Goma 2 en los bajos de un vehículo. Además, advertía de que el destinatario podría ser identificado y localizado.
La última publicación hacía referencia a pistolas de nueve milímetros Parabellum y a disparos en la nuca, un método de asesinato asociado a la actividad terrorista de ETA.
Estas expresiones motivaron la intervención de la Brigada Provincial de Información de Valencia de la Policía Nacional. Así, la Policía Nacional inició una investigación para determinar quién administraba la cuenta.
Las actuaciones comenzaron después de que los servicios de Presidencia de la Generalitat trasladaran a los agentes varias capturas de pantalla. La cuenta investigada había sido desactivada, lo que obligó a recurrir a diligencias tecnológicas para intentar identificar a su responsable.
Con autorización judicial, los investigadores solicitaron a X información sobre los accesos realizados al perfil. Posteriormente, cruzaron los datos de conexión con los facilitados por operadores de telecomunicaciones.
Las comprobaciones permitieron vincular varias direcciones IP utilizadas por la cuenta con una conexión de fibra óptica cuya titularidad correspondía a la profesora investigada.
La mujer fue detenida en enero de 2026 y quedó posteriormente en libertad provisional sin fianza. Su identificación permitió reabrir unas actuaciones que habían sido archivadas temporalmente mientras se completaban las diligencias policiales.
Mazón mantiene la vía judicial contra las amenazas recibidas
La personación de Carlos Mazón como acusación particular quedó formalizada el pasado 25 de septiembre. Con esta decisión, el expresident puede intervenir directamente en el procedimiento. Además, puede formular acusación si procede y ejercer los derechos reconocidos a quienes resultan perjudicados por un presunto delito.
La causa también ha permitido delimitar la posible responsabilidad penal de los hechos. Aunque inicialmente la Policía contempló tanto un delito de amenazas como uno de odio, la Fiscalía descartó esta segunda calificación.
En un informe fechado el 9 de marzo, el Ministerio Público consideró que las publicaciones podían encajar en el delito de amenazas previsto en el Código Penal. Sin embargo, no reunían los requisitos exigidos para apreciar un delito de odio.
Por su parte, la defensa de la profesora sostiene que terceras personas pudieron acceder a la red universitaria utilizando sus credenciales. La investigada rechaza haber redactado las publicaciones y ha encargado un informe pericial para respaldar su versión.
Durante la instrucción también se examinó un teléfono móvil intervenido en su detención. Sin embargo, el análisis policial no encontró información útil para relacionar directamente el dispositivo con la cuenta investigada.
Este resultado figura en un oficio remitido al juzgado el 26 de septiembre. No obstante, el magistrado ha considerado que las actuaciones practicadas permiten continuar el procedimiento.
El auto judicial no implica que la profesora haya sido declarada culpable. La autoría de los mensajes y su eventual relevancia penal deberán determinarse con las garantías propias del proceso.
La resolución establece ahora un plazo común de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones personadas soliciten la apertura de juicio oral. Adicionalmente, pueden interesar el sobreseimiento o pedir excepcionalmente diligencias complementarias.
De esta forma, las amenazas dirigidas contra Carlos Mazón tras la catástrofe de octubre de 2024 permanecen bajo investigación judicial. El expresident está personado como perjudicado y se encuentra a la espera de que se determine si los hechos llegarán finalmente a juicio.
