Las defensas de los siete acusados de difundir el bulo del conocido como caso Bar España han solicitado en la primera sesión del juicio en Castellón que se declaren prescritos los delitos de injurias y calumnias y que el juez aparte a la Fiscalía como parte acusadora.
La vista se celebra en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón y ha arrancado centrada en las cuestiones previas planteadas por las partes, sin que finalmente haya podido declarar el acusado que estaba citado para este jueves por videoconferencia desde Irlanda.
Un juicio por un bulo difundido desde 1998
Según el escrito de acusación del fiscal, los procesados habrían difundido informaciones falsas, al menos desde 1998, sobre autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones. Les atribuirían supuesta participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló.
La causa trata de fijar la responsabilidad penal de seis acusados, todos ellos personas físicas, y la responsabilidad civil de un séptimo como persona jurídica. Se les atribuyen presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad y contra la integridad moral.
De acuerdo con la calificación del Ministerio Fiscal, los seis acusados se enfrentan a penas de prisión que, en conjunto, superan los 40 años. Además, se reclaman indemnizaciones que podrían alcanzar 1,3 millones de euros para los perjudicados.
Entre las personas afectadas figuran el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Todos ellos habrían visto dañada su reputación por las publicaciones vinculadas al caso.
Al tratarse de hechos que se remontan a finales de los años noventa, el procedimiento se ha reducido con el tiempo. El número de acusados ha pasado de 11 a 6, después del fallecimiento de cinco de ellos.
Retrasos y tensión con un acusado que ejerce de abogado
En esta primera jornada estaba previsto que declarase uno de los acusados mediante videoconferencia desde Irlanda. Sin embargo, el inicio se ha retrasado casi dos horas por problemas técnicos relacionados con la conexión de red.
Finalmente, la sesión se ha dedicado en exclusiva a las extensas cuestiones previas de las defensas y de la acusación. El testimonio del acusado citado se ha pospuesto a la próxima sesión, fijada para el martes siguiente, también por videoconferencia.
La vista ha estado marcada además por la intervención de este mismo acusado en su doble condición de encausado y letrado. Al tratarse de un abogado, ha decidido asumir su propia defensa durante el juicio.
En dos momentos de la sesión se ha ausentado, dejando en negro su imagen en la pantalla. Esa actitud ha motivado un toque de atención del juez.
Ante la queja del magistrado, el acusado ha justificado las ausencias con frases como que ‘estaba pasando un familiar y no quería que le vieran’ o que ‘estaba desayunando’. El juez le ha respondido: ‘Si yo no desayuno, usted no desayuna‘.
Las defensas invocan la prescripción y cuestionan a la Fiscalía
Los abogados defensores han pedido la suspensión del juicio y han desplegado varios argumentos para tratar de frenar la vista. Uno de los principales es la prescripción de los delitos, ya que han recordado que las injurias y las calumnias prescriben al año.
También han cuestionado la legitimación del Ministerio Fiscal para ejercer la acusación. Según su tesis, este procedimiento debería haberse tramitado mediante una querella privada presentada directamente por las personas perjudicadas, algo que no ha sucedido.
Otra de las objeciones planteadas se refiere a la ausencia de actos de conciliación previos entre las partes, un trámite que las defensas consideran necesario en asuntos de esta naturaleza.
El fiscal, por su parte, ha defendido su papel como garante de los derechos de los perjudicados. Ha subrayado que el supuesto daño se ha producido en el ejercicio de sus respectivos cargos públicos.
En este sentido, ha afirmado que el Ministerio Fiscal ‘no sólo es parte del procedimiento, sino que es necesario’. Ha añadido que su intervención busca proteger el interés general, más allá de las iniciativas particulares de cada afectado.
El representante del Ministerio Público ha planteado qué habría ocurrido si la Fiscalía no hubiera asumido el caso en 2018. ‘¿Habrían seguido colgando informaciones falsas?’, se ha preguntado.
Además, ha sostenido que la acción penal es ‘irrenunciable’ y ha advertido de que el fiscal en este procedimiento ‘va a seguir adelante le pese a quien le pese’.
Perdón y arrepentimiento de algunos acusados
Al término de la sesión, una de las letradas que asume la defensa de dos de los acusados ha explicado que sus clientes han pedido perdón y se han mostrado arrepentidos.
Otro de los abogados defensores ha calificado la causa como un procedimiento que tiene ‘muchos defectos procesales’. Ha insistido en ese arrepentimiento manifestado por su defendido y en su voluntad de reparar el daño ocasionado.
El calendario del juicio prevé nuevas sesiones para los días 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre, a partir de las 9.00 horas. En esas jornadas está prevista la comparecencia de más de 30 testigos, cuya declaración será clave para determinar la responsabilidad penal y civil de los acusados.
