Compromís ha denunciado que la exigencia de al menos 10 años de empadronamiento para acceder a ayudas a la vivienda en la Comunitat Valenciana vulnera la normativa europea, que solo permite un máximo de 5 años de residencia continuada.
Según la formación valencianista, varios gobiernos autonómicos dirigidos por PP y Vox han introducido el criterio de ‘prioridad nacional’ en el acceso a prestaciones públicas y vivienda. Ese enfoque se ha traducido en requisitos más duros de empadronamiento, que afectan de forma directa a quienes residen de larga duración en España pero no cumplen ese plazo de registro municipal.
El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha asegurado que PP y Vox han aprobado en la Comunitat Valenciana una ‘normativa ilegal’. A su juicio, el nuevo marco para las ayudas a la vivienda discrimina a personas residentes de larga duración que, pese a llevar años viviendo en territorio valenciano, quedan fuera de estas ayudas por no llegar a los 10 años de padrón continuado.
Consulta de Compromís a la Comisión Europea
Marzà se ha dirigido a la Comisión Europea para pedir un pronunciamiento sobre estas políticas. En particular, ha preguntado al comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, si los cambios que están impulsando gobiernos autonómicos liderados por PP y Vox en los criterios de acceso a prestaciones públicas y vivienda, basados en la llamada ‘prioridad nacional’, respetan la legislación de la Unión Europea.
En su escrito, el eurodiputado ha puesto como ejemplo el caso de Aragón. En esta comunidad, al igual que en la Comunitat Valenciana, se han vinculado determinadas ayudas y prestaciones a periodos prolongados de empadronamiento, que superan el umbral de cinco años fijado por la jurisprudencia europea.
La respuesta de Magnus Brunner subraya que los residentes de larga duración de la UE tienen garantizada la igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida. Ese principio se aplica a prestaciones de la seguridad social, de asistencia social y de protección social, así como a los procedimientos para acceder a la vivienda.
El comisario europeo recuerda además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los Estados miembros ‘no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años’. Es decir, cualquier normativa nacional o autonómica que exija tiempos superiores para acceder a estas ayudas entra en conflicto con ese límite.
Brunner añade que ‘una política que establezca una prioridad nacional para los nacionales de los Estados miembros debe cumplir las normas de la Directiva 2003/109/CE, que establece la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración’. Por tanto, los residentes de larga duración no pueden quedar en peor situación que los nacionales en el acceso a las ayudas cubiertas por esa directiva.
Choque con la Ley de medidas fiscales valenciana
A la vista de esta contestación, Marzà ha vuelto a dirigirse al comisario europeo para reclamar actuaciones concretas sobre la normativa valenciana. En concreto, ha preguntado qué piensa hacer la Comisión respecto a la Ley de medidas fiscales aprobada en las Cortes Valencianas el 31 de julio de 2026.
Esa ley incluye en su artículo 45 el nuevo requisito para las ayudas a la vivienda, que obliga a demostrar al menos 10 años de empadronamiento continuado en la Comunitat Valenciana. Compromís considera que este punto choca de forma directa con el tope de 5 años señalado por el Tribunal de Justicia de la UE y citado por el propio Brunner.
Para la formación, esta regulación deja fuera de las ayudas a muchas personas que llevan años asentadas en municipios valencianos, pero que no alcanzan el umbral de 10 años de padrón sin interrupciones. El impacto se centra especialmente en población migrante y en personas que se han desplazado entre distintas comunidades autónomas o dentro de la propia Comunitat Valenciana en periodos recientes.
Compromís sostiene que la posición expresada por la Comisión Europea abre la puerta a revisar las políticas de ‘prioridad nacional’ implantadas por gobiernos autonómicos de PP y Vox. El partido ha reclamado que se adapten los requisitos de empadronamiento a los límites fijados por la justicia europea, para garantizar la igualdad de trato a todos los residentes de larga duración en la Unión.
