El Gobierno ha anunciado que aprobará este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decretos para crear 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales hasta 2027. De las plazas judiciales, 53 se asignarán a órganos de la Comunitat Valenciana, uno de los territorios más beneficiados por el refuerzo de personal.
Según han explicado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, esta ampliación ha supuesto un incremento del 7,8 % de la planta judicial y del 6,6 % de la plantilla del Ministerio Fiscal. El objetivo es reducir la sobrecarga de trabajo en los juzgados y fiscalías y agilizar la tramitación de los procedimientos.
Reparto de plazas por jurisdicciones y territorios
De las 500 nuevas plazas de jueces, 172 se han destinado a la jurisdicción civil, 109 a la social y 69 a la penal. Además, Justicia ha reservado 87 plazas para órganos mixtos y 42 plazas de jueces de adscripción territorial, que sirven de refuerzo allí donde más se necesitan.
El paquete incluye también 11 plazas específicas para juzgados de Violencia sobre la Mujer y 6 para órganos especializados en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. Asimismo, se han creado 8 plazas para nuevas presidencias de Tribunales de Instancia y 4 plazas para reforzar la Audiencia Nacional.
Por territorios, Andalucía y Cataluña han sido las comunidades que más nuevos jueces recibirán, con 94 plazas cada una. A continuación se sitúa la Comunidad de Madrid, con 74, y la Comunitat Valenciana, con 53 nuevos jueces previstos en su planta judicial.
Las 200 nuevas plazas de fiscales se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y los órganos centrales. En este caso, Cataluña concentrará 47 nuevas plazas, Andalucía contará con 31 y Madrid con 26. Canarias será, porcentualmente, la comunidad donde más crecerá la plantilla de fiscales, con 13 nuevos puestos que suponen un aumento del 8,9 %.
Un modelo más barato gracias a la Ley de Eficiencia
El Ministerio de Justicia ha destacado que la ampliación de la planta judicial ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma ha sustituido progresivamente los antiguos juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia apoyados por una única Oficina Judicial.
Este nuevo modelo organizativo permite crear una plaza judicial por unos 100.000 euros, frente a los 500.000 euros aproximados que implicaba el sistema anterior. La diferencia se debe al aprovechamiento de recursos comunes y a una estructura de apoyo más racionalizada.
Con este esquema, la inversión prevista para poner en marcha las 500 nuevas plazas de jueces asciende a unos 55 millones de euros. Según los cálculos del Ministerio, el coste habría alcanzado unos 260 millones de euros si se hubiera mantenido el modelo tradicional de juzgados unipersonales.
