El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado este jueves en Les Corts al PSPV de haber puesto en marcha una campaña para dañar su imagen mediante supuestos dosieres, informes y el uso de lo que ha descrito como cloacas políticas, y ha celebrado que la Fiscalía de la Comunitat Valenciana haya solicitado el archivo de la querella por sus entradas para la final del Mundial de fútbol.
Durante la sesión de control, Pérez Llorca ha lanzado duras críticas a los socialistas. Según ha afirmado, el PSPV ha recurrido a estrategias de descrédito personal y ahora ve cómo sus denuncias pierden recorrido judicial tras el movimiento de la Fiscalía.
Acusaciones sobre dosieres y cloacas
El jefe del Consell ha asegurado que los socialistas han tratado de dañar su reputación usando documentos y acusaciones sin base. En su intervención ha denunciado que el PSPV se dedica a ‘utilizar las cloacas, dosieres e informes‘ contra su persona.
En ese contexto, ha pronunciado una de las frases más llamativas del debate. ‘Ya solo les falta pedir a un sicario que vaya también a buscarme, como han hecho con la jueza de Extremadura’, ha dicho, en referencia a la magistrada que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Pérez Llorca ha recordado que, según el PSPV, existía un dosier con supuestas irregularidades sobre él que iban a remitir a la Fiscalía. Sin embargo, ha remarcado que ‘el dosier dijeron que lo iban a llevar a Fiscalía y aún no lo han hecho’.
También ha señalado que, ‘ayer dijeron que añadirían las entradas del Mundial‘, en alusión a las localidades que utilizó para asistir a la final del campeonato en Nueva York. A su juicio, los socialistas ‘tienen que cambiar el argumentario porque se ha archivado esta mañana por la Fiscalía’.
Archivo de la querella por el Mundial
El president se ha referido de forma expresa a la decisión de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana. El ministerio público ha solicitado la inadmisión y archivo de la querella presentada contra él por la entrada para asistir a la final del Mundial de fútbol en Nueva York, al considerar que no existen ‘indicios racionales suficientes de la comisión de infracción penal’.
Pérez Llorca ha sostenido que no tiene nada que ocultar y que cualquier intento de vincularle con irregularidades está condenado a quedar en nada. ‘Se lo pongo fácil: no lleven un dosier, lleven veintiuno, no encontrarán nada’, ha afirmado ante el hemiciclo.
Ha recordado que ‘denunciaron lo de mi mujer y se ha archivado, me denunciaron por el Mundial y se ha archivado’, y ha insistido en que ‘pueden llevar los dosieres que quieran porque se archivarán‘. Con ello ha intentado subrayar que las acusaciones no se sostienen sobre hechos delictivos.
Respuesta a Compromís y al PSPV
El debate se ha producido a raíz de una pregunta del síndic de Compromís, Joan Baldoví. Este le ha cuestionado si piensa hacer público el supuesto dosier que, según se ha publicado, le implicaría en presuntas ‘corruptelas’.
El president ha aprovechado su respuesta para marcar distancia con las prácticas que atribuye a la oposición. Ha asegurado que el PP ‘no utiliza las cloacas, dosieres e informes para dañar la imagen de nadie, que es lo que pretenden’, en alusión directa a los socialistas.
Pérez Llorca también ha reprochado al PSPV las acusaciones vertidas sobre él la semana anterior. Ha indicado que entonces le llegaron a acusar de ser ‘un delincuente’ y anunciaron que ‘iban a tardar 24 horas en entregar un dosier a la Fiscalía’.
Sin embargo, ha descrito una escena muy diferente en la sesión de este jueves. Según ha relatado, los socialistas han acudido ‘a escondidas’ y han dejado el documento sobre su mesa porque ‘ya no saben qué hacer con él’. A su juicio, ‘eso refleja muy bien el desnorte que tiene el Partido Socialista. Esa es la realidad’.
En medio de este cruce de acusaciones, el síndic socialista, José Muñoz, se ha acercado al escaño del president para entregarle físicamente el dosier durante el pleno. Ese gesto ha visualizado en el salón de plenos la estrategia del PSPV, mientras el jefe del Consell se apoyaba en el aval de la Fiscalía para reforzar su defensa política.
