La declaración institucional de Pedro Sánchez prevista para las 9.00 horas de este lunes puede activar un nuevo calendario electoral en España. Si el presidente del Gobierno decide disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, los comicios podrían celebrarse el próximo 29 de noviembre.
La fecha responde a los plazos establecidos en la legislación electoral. La convocatoria política anunciada por el presidente no basta por sí sola para activar el calendario. Resulta necesaria la publicación del correspondiente real decreto de disolución y convocatoria.
Si ese decreto aparece publicado este martes, comenzaría el cómputo que llevaría a las urnas a finales de noviembre.
De la comparecencia de Sánchez a la publicación en el BOE
El primer paso será conocer la decisión que Sánchez comunique desde el Palacio de la Moncloa. La comparecencia tendrá carácter institucional y no incluirá preguntas.
En caso de optar por el adelanto electoral, la disolución afectaría al Congreso de los Diputados y al Senado y abriría formalmente un nuevo proceso electoral.
La legislación establece que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la publicación de la convocatoria. Ese plazo es el que permite situar el domingo 29 de noviembre como fecha posible si la decisión se formaliza de inmediato.
El Congreso había convocado el pasado viernes el pleno extraordinario para decidir sobre los dos decretos de vivienda, cuya derrota ha precipitado la actual situación política.
El adelanto ya aparecía entre los escenarios manejados antes incluso de conocerse el resultado definitivo. Diario de Alicante explicó el pasado viernes cómo el calendario podía conducir a unas elecciones el 29 de noviembre.
Una campaña con la vivienda en el centro
Una eventual campaña electoral arrancaría después de una crisis parlamentaria directamente relacionada con la vivienda. Los dos decretos rechazados incluían medidas sobre desahucios, alquileres, fondos de inversión y protección de los arrendatarios.
El Gobierno ha convertido esta cuestión en una de sus principales prioridades políticas. La oposición, sin embargo, mantiene profundas diferencias sobre las fórmulas planteadas por el Ejecutivo para intervenir en el mercado.
Junts también ha cuestionado las medidas. La formación catalana sostiene que algunas de ellas podrían reducir la oferta disponible y provocar efectos contrarios a los perseguidos por el Gobierno.
La ruptura de esa mayoría ha reforzado el debate sobre la capacidad de Sánchez para completar la legislatura. El actual mandato todavía permitiría continuar hasta 2027, pero el presidente tiene la facultad constitucional de proponer la disolución anticipada de las Cortes.
La decisión que comunique este lunes determinará, por tanto, si España entra inmediatamente en un nuevo ciclo electoral o si el Gobierno intenta reconstruir sus apoyos y prolongar la legislatura.
